Noticias de HUMANAS
2017-01-30

Derechos de las personas privadas de la libertad no están siendo garantizados


Organizaciones radican Segundo Informe de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013.

Hoy 30 de enero, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil radicó ante la Corte Constitucional el Segundo Informe de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 20131, la cual da órdenes al Estado de atender la crisis carcelaria que se vive en el país. 

El informe da cuenta de la situación del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia frente al estado de cosas inconstitucional declarado en dicha sentencia y reiterado en la Sentencia T-762 de 2015, destacando las difíciles condiciones en las cuales continúan recluidas las personas privadas de la libertad. 

Señala como preocupante una política criminal desarticulada que impide avances en los esfuerzos realizados por superar el Estado de Cosas Inconstitucional; el precario contexto de salud en los distintos establecimientos carcelarios y penitenciarios, esto incluye la afectación diferencial a las mujeres en su salud sexual y reproductiva.

Igualmente, destaca la falta de espacios adecuados para los procesos de resocialización y rehabilitación de los reclusos y en lo que se refiere a la población LGBT, que continúa la discriminación y los hechos de violencia contra esta población.

El informe valora los esfuerzos realizados en la materia por las distintas instituciones y organismos del Estado, no obstante incluye algunas recomendaciones específicas para mejorar la atención en las cárceles, entre ellas, la necesidad de que se ordene a las distintas entidades encargadas del sistema de salud y del sistema penitenciario, a tomar medidas urgentes para mejorar la atención en todos los niveles que requieren las personas privadas de la libertad.

El control efectivo y el uso arbitrario de las Unidades de Tratamiento Especial, el uso de los traslados y la desprotección a los internos como represalia por las quejas que realizan en contra de la guardia penitenciaria, y que se proteja a la población reclusa de los ataques y violaciones de otros internos. 

En lo que se refiere a la situación de las mujeres privadas de la libertad, particularmente aquellas detenidas por los delitos de drogas, señala que es importante que la política criminal no sea reactiva ni populista en esta materia y que ponga especial énfasis en los efectos perversos que se causan contra las mujeres privadas de la libertad por estos delitos. 

En el documento se sugiere realizar una veeduría por parte de organismos de la sociedad civil para impulsar mecanismos de denuncia, investigación y sanción de los casos de abuso de autoridad y de tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. El informe también recomienda el diseño de una política seria que permita garantizar los derechos de la población carcelaria desde un enfoque diferencial, poblacional y de género.

El documento concluye que los derechos de las personas privadas de la libertad no están siendo garantizados, particularmente el derecho a la salud, a la integridad y a una vida digna, y que se requiere implementar una política criminal más reflexiva y coherente que evite el hacinamiento carcelario, así como, una política penitenciaria encaminada a la resocialización y rehabilitación de las personas condenadas.

La Corporación Humanas como integrante de la Comisión resalta que este es un tema que debe ser de especial interés para la agenda pública y para el contexto actual, donde la construcción de paz y fortalecimiento de la democracia suponen la inclusión y la garantía integral de los derechos de la población carcelaria.

Para leer el informe completo descarga aquí: http://bit.ly/1WJyfHx 

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1. Informe elaborado por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia, el Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado, la Corporación Humanas, la Fundación Colombia Diversa, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Equipo Jurídico Pueblos,  la Universidad del Sinú, el Semillero Interuniversitario de Abolicionismo Penal (Universidad  de Antioquia) y la Universidad Autónoma Latinoamericana.

 

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