En conmemoración del día internacional de las mujeres queremos hacer un homenaje a las defensoras como trabajadoras por los derechos humanos, enfatizar sobre los riesgos particulares que enfrentan en el ejercicio de su liderazgo y reiterar nuestro llamado de atención al Estado colombiano para que salvaguarde su labor y proteja sus vidas.
El trabajo de las defensoras de derechos humanos suele ser invisibilizado por nuestra sociedad y ejercido de forma no remunerada por mujeres que, con entrega, dedicación y persistencia, protegen a sus comunidades sin dejar de cumplir con las labores domésticas y de cuidado que les han sido asignadas por sus roles de género.
Además, en muchos casos, las mujeres que desempeñan este quehacer son cabeza de hogar y, por lo tanto, de forma paralela a la labor mencionada, deben conseguir el sustento propio y de las personas que están a su cargo por medio de actividades económicas mayoritariamente informales. También, deben afrontar el señalamiento y reclamo de sus parejas y entornos cercanos por la cantidad de tiempo que dedican a reuniones, al trabajo comunitario y por el número de horas que se ausentan del “cuidado de sus familias”.
Aunado a lo anterior, deben hacer frente a la preocupación y a las peticiones de sus seres queridos para que cesen su liderazgo social, por el temor que sienten frente a los riesgos que su activismo representa para su seguridad familiar e individual.
Ante este panorama, algunas se ven obligadas a abandonar sus ejercicios de defensa de derechos humanos y quienes deciden seguir, lo hacen enfrentándose, en muchos casos, a triples jornadas laborales, problemas familiares y amenazas contra sus vidas que no son atendidas de forma eficaz por las instituciones estatales encargadas de garantizar su protección.
Mecanismos de protección para las defensoras de derechos humanos
2020, año en que inició la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia por la Covid-19, fue crítico para los y las defensoras de derechos humanos, pues de acuerdo con el seguimiento realizado por Indepaz, en este periodo se registró el asesinato de 310 personas que desempeñaban esta labor, 31 homicidios más que el año anterior (2019). Del total de homicidios registrados, un 11,6% correspondió a defensoras, es decir que 36 mujeres que trabajaban en pro de los derechos humanos fueron asesinadas (Corporación Humanas, Implementación de la Resolución 1325 en Colombia durante 2020, p.25).
Las amenazas contra sus vidas también se incrementaron. Ese mismo año, el CERREM (Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas) de Mujeres de la Unidad Nacional de Protección revisó 1.591 casos de riesgo individual, 793,8% más que en 2019; 66.7% de estos fueron calificados de ponderación extraordinaria o extrema. De los casos reportados, el 45.9% (730 mujeres) hacían parte de alguna organización social o ejercían liderazgos dentro de comunidades afro o indígenas (Corporación Humanas, Implementación de la Resolución 1325 en Colombia durante 2020, p.54).
En el presente año, estas violencias continúan. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hasta el 2 de febrero fueron asesinados 17 líderes sociales, de los cuales tres eran mujeres. Aunque, en comparación con los hombres, el porcentaje de asesinatos de mujeres defensoras sigue siendo menor, las amenazas contra ellas siguen creciendo y las medidas de protección que les son otorgadas no responden a los riesgos y violencias diferenciadas a los que ellas se enfrentan y mucho menos se entregan con enfoque étnico, territorial ni de género.
Sobre esta realidad recientemente se pronunciaron organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, quienes llamaron la atención por el incremento de la violencia en varias regiones del país y solicitaron de manera urgente a las autoridades reforzar todas las medidas de protección tanto individuales como colectivas para garantizar la vida y la integridad de las personas defensoras de los derechos humanos, particularmente en zonas rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes y en los municipios más afectados por la violencia (Naciones Unidas, 24 de febrero de 2022).
Aunque el Gobierno del presidente Duque ha condenado estos homicidios y amenazas, especialmente a nivel internacional, como lo afirma José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, la mayoría de programas para prevenir estos asesinatos apenas funcionan porque carecen de financiación o tienen graves deficiencias. Es necesario, por tanto, que el Gobierno que se elija en las próximas elecciones, trabaje arduamente por el florecimiento de la democracia, entienda los riesgos diferenciados de las defensoras de derechos humanos y propenda porque la defensa de los derechos humanos no represente un riesgo para las vidas de quienes la ejercen.
¡Si perdemos a una defensora, a una trabajadora por los derechos humanos, pierde toda una comunidad!
