Las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad en Colombia, están determinadas por el hacinamiento, pero, además, incluyen: falta de suministro de agua de manera permanente, entrega de comida en descomposición, baños insuficientes y en mal estado, falencias en la prestación de los servicios de salud, entre ellas la falta de personal médico y psicológico, no entrega de medicamentos.
Esta situación general, afecta de forma diferencial a las mujeres en prisión y vulnera de manera sistemática los derechos de las mujeres en prisión de los que trata las Reglas Bangkok. Además, son las condiciones propicias para que el contagio por COVID-19, fuera acelerado y masivo al interior de los establecimientos de reclusión, lo cual ha representado un grave riesgo para la salud, integridad y la vida de las personas privadas de la libertad.
La garantía del derecho de acceso a la salud para las mujeres ha sido unas de las deficiencias del sistema penitenciario y carcelario en Colombia. Con la llegada de la COVID-19, el Gobierno Nacional adoptó e implementó medidas de confinamiento, restricción de movilidad, de bienes y servicios. El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, crearon medidas de prevención del contagio y atención de la pandemia, que no lograron el objetivo y, además, profundizaron la vulneración de derechos.
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