¿Qué se ha avanzado en asignación de tierras, subsidios, créditos y oportunidades productivas para las mujeres chocoanas y sus familias?, es una de las preguntas que se planteó el Comité Local de Seguimiento a las medidas de género del Acuerdo de Paz en cinco municipios del Chocó.
El seguimiento abordó 24 compromisos, y sus hallazgos quedaron consignados en el informe “Juntas por la paz en Chocó. ¿Cómo va la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz en cinco municipios de Chocó?”, y en un documental del mismo nombre con la experiencia de este proceso de investigación y análisis.
Los resultados del seguimiento que realizó el Comité fueron presentados de manera pública ante entidades del orden nacional en Bogotá en abril. Asimismo, a organizaciones sociales y autoridades del gobierno departamental en Quibdó, y del orden municipal en Bahía Solano, Istmina y El Carmen de Atrato en el mes de junio.
Durante un año, este grupo de mujeres le midió el pulso a los avances o estancamientos en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP; y, en particular, a cómo se vive en sus municipios desde un enfoque de género, étnico y territorial.
En esta investigación, las promotoras emplearon la plataforma del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) del Departamento Nacional de Planeación, que provee información oficial de las entidades del Gobierno Nacional responsables de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de Paz.
También, fue necesario que las promotoras del Comité Local de Seguimiento de Chocó se acercaran a las administraciones municipales para solicitar información mediante mecanismos de participación ciudadana y control social. Además conocieron metodologías de medición, y enfoques para el análisis de la construcción de paz territorial. Un trabajo que contó con el apoyo técnico de la Corporación Humanas y recursos financieros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), como parte de uno de los objetivos del proyecto #JuntasSomosPoderosas.
Mujeres constructoras de paz en los territorios
El Comité Local de Seguimiento de Chocó lo integran quince mujeres negras, indígenas y mestizas de Bahía Solano, El Carmen de Atrato, Istmina, Medio San Juan y Quibdó. Son lideresas sociales y defensoras de derechos en sus comunidades, y junto a sus organizaciones participan en la construcción de paz y el desarrollo territorial.
Esther Lorenzo, responsable de proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, en la presentación pública del informe “Juntas por la Paz del Chocó” en Quibdó, no sólo subrayó cómo las mujeres y niñas han sido afectadas por el conflicto de manera diferencial, sino que además son ciudadanas y constructoras de paz. “Ya que son las primeras que inician procesos de recuperación temprana en sus comunidades, de exigencia del fin del conflicto, de reconstrucción del tejido social, y de lucha por la restitución de sus derechos”.
Diciendo el nombre, uno a uno, de las integrantes del Comité Local de Seguimiento a las medidas de género del Acuerdo de Paz en Chocó, Esther resaltó su rol como veedoras del cumplimiento del Acuerdo en los territorios, así como la apuesta por una hoja de ruta que encamine al departamento hacia mejores condiciones de vida para las mujeres.
“Yussely, Yurleidy, Paola, Elideisa, Orfilia, Rosa, Yulis, Diana, Marelys, Yaina, Yenny, Yesenia, Anny Yulieth, Claudia y Sandy Fernanda, el trabajo que ustedes han venido desarrollando y que hoy nos presentan, muestra el avance y los retos en la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz en Chocó, representa una herramienta muy valiosa para el seguimiento del avance de los derechos de las mujeres en Chocó”. Por ello, también invitó a las autoridades locales y departamentales para tener en cuenta el informe, pues el Comité es un referente, “un espacio aliado en pro de los derechos de las mujeres y avanzar hacia la Paz Total con enfoque de género en Chocó”.
Por su parte, Adriana Benjumea, codirectora de Humanas, exaltó la participación de las mujeres lideresas y el enfoque territorial de este estudio. “En cada uno de los seis puntos del Acuerdo de Paz, las mujeres identificaron la información pertinente a sus municipios y el departamento para constatar la realidad en su territorio”.
Los hallazgos, avances y retos
Elideisa Córdoba, mujer indígena y promotora del Comité en Quibdó, extendió un saludo, y presentó los hallazgos de la investigación como el trabajo de un equipo diverso. “Somos mujeres con diversidad étnica y cultural del departamento: afros, indígenas y mestizas, algunas de agua dulce, otras de agua salada, unas de manglares y otras de montañas”. Asimismo, subrayó la importancia de ejercer sus liderazgos, aun en un contexto de adversidad y desafíos.
Orfilia Córdoba, promotora de Istmina, explicó que, para el seguimiento a la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz, se consideraron los enfoques de género, étnico y territorial; así como el alcance geográfico en Chocó, incluyendo los municipios de Bahía Solano, El Carmen de Atrato, Istmina, Medio San Juan y Quibdó. Y, como periodo de seguimiento, del 1 de enero de 2022 al 31 de julio de 2023. Bajo esta periodicidad, las promotoras presentaron los hallazgos de la investigación.
Yurleidy Alcázar, promotora de El Carmen de Atrato, dio a conocer los hallazgos del punto 1 de Reforma Rural Integral en el que desatacó, entre otros aspectos, tres medidas de género. La primera, sobre el acceso prioritario a la adjudicación gratuita, subsidios o créditos especiales para trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente (con prioridad a víctimas rurales, mujeres cabeza de familia o población desplazada), dijo que el Comité encontró que de las 3 millones de hectáreas que se deben de asignar en total a nivel nacional, al Chocó hasta el momento solo se le han asignado 12 hectáreas, y las 12 habían sido entregadas a 3 mujeres el municipio de Bahía Solano.
Respecto a la medida que señala la implementación de un plan de formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural, el Comité encontró un avance porque solo se habían registrado dos casos de titulación en dos Consejos Comunitarios. Uno correspondía al Consejo Comunitario La Soledad del municipio de Río Quito, del que se beneficiaron 107 familias con la entrega de 188,13 hectáreas de baldíos de la Nación y el otro correspondió al Consejo Comunitario Santo Domingo de los municipios de Atrato, Río Quito y Quibdó, del cual se beneficiaron 180 familias con la titulación de 1.726,46 hectáreas de baldíos. En los municipios de Bahía Solano, El Carmen de Atrato, Istmina y Medio San Juan las comunidades negras y afrodescendientes no obtuvieron avances en la titulación colectiva.
El Comité también le hizo seguimiento al enfoque diferencial y de género en el sistema de salud; el incremento progresivo de cupos técnicos, tecnológicos y universitario en zonas rurales; a las soluciones de vivienda de acuerdo con el medio rural y las comunidades; el apoyo y la consolidación de ingresos; y la garantía progresiva del derecho a la alimentación.
En cuanto al punto 2 sobre participación política, Elideisa Córdoba, promotora de Quibdó, mencionó que la Unidad Nacional de Protección había atendido 190 solicitudes de estudio de riesgo de líderes y lideresas sociales, y defensores y defensoras de derechos humanos. De estas, 28 correspondían a mujeres: 24 de Quibdó, 2 de Istmina, 1 de Bahía Solano y 1 de Medio San Juan. Para el Comité Local de Seguimiento, esta información representa un avance parcial ya que no se proporcionó información exacta sobre si se habían otorgado medidas de protección a las mujeres lideresas y defensoras, y en qué habían consistido.
Además, el Comité hizo seguimiento en este punto del Acuerdo de Paz, a la participación ciudadana a través de medio de comunicación comunitarios; a los mecanismos de control y veeduría ciudadana con participación de las mujeres; al Sistema Nacional de Cuidado; a la construcción de presupuestos participativo sensibles al género y los derechos de las mujeres; y al programa de promoción de la participación y liderazgos de las mujeres en política.
Por su parte, Yenny Palacios, promotora de Quibdó, frente al punto 3 que tiene que ver con el fin del conflicto, centró su atención sobre el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) cuya finalidad es monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo y conflicto armado interno, y promover la acción de prevención humanitaria con el ánimo de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, para el territorio chocoano se emitieron 3 alertas por parte de la Defensoría del Pueblo: 1 estructural (034-22) y 2 inminentes (012-22 y 017-22), que contemplan, el uso de minas antipersonales, el reclutamiento y uso de menores, la violencia sexual, el confinamiento y el desplazamiento.
“Se debe tener en cuenta que la principal falla radica en que las alertas son emitidas, pero no se les realiza un monitoreo; adicionalmente, no se cuenta con una respuesta eficaz y oportuna ante las mismas. Por dicha razón, se hace necesario que se reestructure el Sistema de Alertas Tempranas, o se cree el Sistema de Prevención y Alerta para la reacción rápida que active una ruta de atención prioritaria a la mujer o al territorio que está siendo víctima de algún tipo de flagelo. Todo esto con el fin de evitar que se repita, o en su defecto, impedir que suceda: y, más, aun sabiendo que como lideresas que somos, lo mínimo que requerimos son garantías que nos permitan seguir ejerciendo esta labor de liderazgo, y que en el proceso no nos cueste la vida“, afirmó Yenny, a la vez que recomendó que el Ministerio del Interior atienda las alertas tempranas para las mujeres de los municipios pero, con enfoque diferencial y de género.
En el punto 3 de fin del conflicto, el Comité también monitoreo al Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIGMLD), y al Protocolo de Protección para los territorios rurales del Programa de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios.
En cuanto al punto 4 sobre solución al problema de las drogas ilícitas, a cargo Yurleidy Alcázar, expuso sobre acciones de reducción del daño por consumo de drogas ilícitas, priorizando poblaciones vulnerables, y teniendo en cuenta la violencia de género, intrafamiliar y sexual, que se había avanzado en la gestión de la Política Nacional de Salud Mental y la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Chocó.
Se destacaron tres hitos de esta gestión: i) el departamento integró ambas políticas, pero no las apropió ni adoptó. ii) El departamento implementó estrategias para desarrollar cinco ejes, entre las que destacaron dos: a) Estrategias de prevención de violencias intrafamiliares e interpersonales en entornos educativos y comunitarios con población adolescentes, joven y adulta; y b) estrategias de tratamiento integral para la reducción de daños en entornos institucionales con población adulta. Y iii) se realizaron 11 acompañamientos al departamento entre el 23 de abril al 29 de noviembre de 2022 con el objetivo de realizar seguimiento a la implementación de políticas locales para la prevención de la conducta suicida. Además, encontraron que es competencia del departamento acompañar a los municipios en la formulación e implementación participativa de los planes de acción frente al consumo de drogas ilícitas, en el marco del Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Sustancias Psicoactivas.
El Comité hizo seguimiento, adicionalmente, a la sensibilización y guía a la comunidad y las instituciones para prevenir la estigmatización de las consumidoras; y la protección de niños, niñas y adolescentes frente al consumo de drogas ilícitas.
Finalmente, en lo relacionado con el punto 5 sobre las víctimas del conflicto armado y la justicia transicional, Marelys Mosquera, promotora de Istmina, explicó un avance los dos Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) étnicos de Sujetos de Reparación Colectiva del El Carmen de Atrato. Mientras que el PIRC étnico de la comunidad indígena de La Puria se encontraba en un 48,3% de avance, el del Resguardo Indígena Sabaleta había progresado en un 50,7%. A 30 de septiembre de 2023, estos Planes habían avanzado en un 80% y 77,50% respectivamente.
Asimismo, el Comité investigó la cobertura pública y despliegue territorial y mejora de la calidad de la atención psicosocial para la recuperación emocional, el Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la No Repetición; programas colectivos con enfoque territorial y de género específicos al retorno y reubicación; y a compromisos con la promoción, respecto y garantía de los derechos Humanos.
La Corporación Humanas hizo el acompañamiento técnico de este proceso, y contó con recursos financieros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo(AECID) en el proyecto Juntas Somos Poderosas.
La AECID ha sido aliada de la Corporación Humanas en el marco del Proyecto Juntas Somos Poderosas: Participación Política de las Mujeres por una Democracia Feminista. Y junto con las organizaciones de mujeres socias en el territorio chocoano, promueven el liderazgo social, político, cultural y organizativo de las mujeres, contribuyendo a su participación efectiva en los procesos democráticos y de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.
Compromiso institucional
En la presentación pública del informe en Quibdó, se contó con la presencia y retroalimentación de entidades e instancias del orden nacional, departamental y municipal. Entre estas, la Gobernación de Chocó, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos la Instancia Especial de Mujeres para el enfoque de género en la paz, la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Quibdó, la Iniciativa Barómetro Colombia del Instituto Kroc, y organizaciones y plataformas sociales y étnico-territoriales.
Algunas de sus reacciones se registraron en sus intervenciones:
En representación de la Gobernación del Chocó, la Secretaria de Género, Mujer y Diversidad, Lidis Asprilla, recibió el informe, y manifestó el compromiso de implementar el Acuerdo de Paz y las medidas de género desde la ejecución del Plan Departamental de Desarrollo: “Hoy no tenemos la solución inmediata a todas las necesidades, pero sabemos que cuando hay una mujer al frente de una entidad, una organización o una familia, hay transformaciones positivas. La Gobernadora tiene el compromiso de impulsar el Plan Departamental de Desarrollo en los 31 municipios del Chocó y contamos con las lideresas sociales para hacerlo una realidad”.
Elizabeth Moreno Blanco, de la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos, (IEANPE), y coordinadora del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), puso a disposición de las mujeres los espacios de participación de esta plataforma para hacer incidencia en la implementación del Acuerdo de Paz. “Con ustedes nos sentimos representadas. Este es el inicio de un trabajo en conjunto. Y el llamado a una articulación de liderazgos, cooperación internacional, academia e institucionalidad”.
Las promotoras Claudia Rondán y Anny Rodríguez, de El Carmen de Atrato, el acto de presentación del informe se cerró con un ritual de armonización y, finalmente, una presentación de la Asociación Folclórica Cultural Dios te Dé.
