El 11 de septiembre nos pronunciamos sobre los graves hechos de violencia cometidos contra las mujeres en el departamento del Chocó en el comunicado “La situación del Chocó una razón de Estado”.
Celebramos que la Defensoría del Pueblo haya emitido la Alerta Temprana de inminencia N 024-24 el 19 de septiembre en la que se advierte que la situación de violencia y afectación a los derechos humanos en Quibdó es crítica y tiende a agravarse. Hacemos un llamado a que esta Alerta sea tomada en consideración por las autoridades competentes con el fin de brindar la protección necesaria a la población, en especial a las mujeres que han sido amenazadas con feminicidios.
Los riesgos que enfrenta la población de Quibdó se agudizaron con la reciente suspensión del espacio de diálogo socio-jurídico con los grupos ilegales que operan en ese territorio y la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia y la criminalidad organizada. En medio de esta confrontación, el ejercicio de los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de la población se ha visto más afectado. En especial, para las personas que gozan de especial protección constitucional: mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA), jóvenes, personas mayores y personas en proceso de reincorporación o firmantes de paz. Entre los riesgos diferenciados, la Alerta 024-24 enuncia que las mujeres están siendo víctimas de amenazas, feminicidios y desplazamiento forzado.
“El continuum de violencias que sufren por el hecho de ser mujeres puede motivar a que esas conductas y otras basadas en género sean ejecutadas en su contra, según acrezca la disputa entre los grupos y estos conciban los ataques contra ellas como prolongación de los enfrentamientos. Todo esto con el agravante de un subregistro habida cuenta de los bajos niveles de denuncia sobre este tipo de hechos”. Debido a ello, se estima una alta probabilidad de que se incrementen hechos de violencia sexual y otras agresiones diferenciadas para las mujeres, en el marco de los señalamientos y estigmas impuestos sobre aquellas que tienen cercanía familiar, sentimental o de cualquier índole con presuntos integrantes de los bandos en disputa.
La Defensoría alerta que se requiere una inmediata gestión institucional del riesgo por parte de las entidades nacionales y locales, mediante la aplicación de medidas efectivas para evitar y contener el escalamiento de la violencia y sus efectos en los derechos humanos de la población. En consonancia con ello, hace diez recomendaciones de índole humanitario a fin de prevenir y detener el riesgo, salvaguardar y proteger los derechos de la población e impulsar acciones de atención humanitaria para las víctimas. Retomamos las que consideramos requieren de una aplicación urgente:
Recomendación 4: “Diseñar, promover e impulsar acciones intersectoriales para la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual con enfoque étnico diferencial, en el marco de la línea de política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual en contra de NNA por parte de los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales organizados, en el marco del componente de Prevención en Protección del CONPES 3673 y contemple cobertura tanto para población escolarizada como no escolarizada, en contextos urbanos.”
Recomendación 5: “Activar y coordinar, desde el Comité intersectorial departamental para la prevención de la violencia por razones de sexo y de género, una estrategia de atención integral en Quibdó, en conjunto con los sectores de salud – incluyendo el campo psicosocial- y justicia para atender casos de violencias basadas en género relacionadas con el conflicto armado y la criminalidad organizada.”
Recomendación 7: “Activar e implementar de forma efectiva e inmediata las rutas de atención al desplazamiento forzado, confinamiento, riesgo de desplazamiento forzado y los demás hechos victimizantes que ocurrieren en el territorio en función de la dinámica actual del conflicto armado y las violencias en Quibdó, contempladas en el Plan de Contingencia y en el marco normativo aplicable, con la concurrencia de la Gobernación del Departamento y la Unidad para las Víctimas.
“A la UARIV y la Gobernación del Chocó, acompañar y apoyar técnica y financieramente a la Alcaldía municipal, en la activación de las rutas de atención de acuerdo con los hechos victimizantes que se presenten.”
La paz siempre será el camino, la defensa de la vida seguirá siendo nuestra apuesta.
¡TODOS NUESTROS ESFUERZOS ESTÁN DIRIGIDOS A ALCANZARLA!
Más información: Adriana Benjumea, codirectora de Humanas (abenjumea@humanas.org.co) y María de los Ángeles Ríos, coordinadora línea Mujeres y construcción de paz (mrios@humanas.org.co).