PAZ CON MUJERES

Retos de la paz territorial con perspectiva de género en Colombia: la sustitución de cultivos ilícitos y las mujeres

Por:
Catalina Ballesteros Garzón


“El Acuerdo de Paz, firmado en Colombia en el 2016, fue emblemático en cuanto a la incorporación de una perspectiva de género. De manera transversal, se propuso conseguir avances en materia de derechos para las mujeres. « 

El Acuerdo de Paz, firmado en Colombia en el 2016, fue emblemático en cuanto a la incorporación de una perspectiva de género. De manera transversal, se propuso conseguir avances en materia de derechos para las mujeres. Así, el Acuerdo no tenía como único fin la terminación del conflicto armado entre la guerrilla de las FARC y el gobierno. 

El documento de más de 300 páginas se presentó también como una hoja de ruta para la construcción de una paz estable y duradera, lo cual implicaba, además del cese de las hostilidades bélicas, un plan integral para el desarrollo del país y estrategias para solucionar sus problemas más encarnados relacionados con el conflicto armado como la desigualdad en el campo, reparación a las víctimas, la exclusión en la participación política y ciudadana, y el narcotráfico, incluyendo en todos los aspectos a las mujeres.

De acuerdo a la plataforma “Cinco claves para un Tratamiento Diferencial de la Violencia Sexual en los Acuerdos sobre la Justicia Transicional en el Proceso de Paz” el enfoque de género en los acuerdos contempló ejes temáticos direccionados a: 

  • Procurar un acceso equitativo a la propiedad rural.
  • Garantizar “los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con identidad de género diversa”.
  • Promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones creadas en los acuerdos.
  • Desarrollar medidas de prevención y protección que respondan a las especificidades de las mujeres.
  • Acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación y a las garantías de no
  • repetición, evidenciando las formas particulares en las que el conflicto afectó a las mujeres.
  • Reconocimiento público, no estigmatización y difusión del trabajo de las mujeres como sujetas políticas.
  • Fortalecer las organizaciones de mujeres para la participación política y social.

Si bien los ejes temáticos con enfoque de género son transversales a todos los cinco puntos del acuerdo, para el caso de la paz territorial con mujeres, se hace especialmente pertinente el desarrollo de los puntos uno y cuatro. El punto uno considera una Reforma Rural Integral para la transformación de la realidad rural mediante la redistribución de la tierra y el cierre de las brechas económicas y sociales entre las áreas urbanas y el campo. El punto cuatro pretende solucionar el problema de las drogas ilícitas por medio de una reforma a la política de drogas y mediante planes de sustitución de cultivos ilícitos. Podría considerarse que ambos puntos son interdependientes y que el éxito del uno depende del avance del otro, pues el acceso a las tierras y el mejoramiento de las condiciones para la productividad de las mismas, permitiría la sustitución de los cultivos ilegales de hoja de coca, así como proveer seguridad alimentaria, soporte estatal, reducir las brechas de desigualdad y la pobreza en el campo.

A pesar de la pertinencia de las propuestas del Acuerdo de Paz, las dificultades en la implementación del mismo han frenado su potencial. Según el informe de seguimiento al cumplimiento del enfoque de género del Instituto KROC, al año 2020, tras cuatro años de la firma del Acuerdo, sólo el 26% de las medidas generales han sido implementadas de manera completa, mientras que

las medidas con enfoque de género (130 medidas contabilizadas por el instituto) se han cumplido a cabalidad sólo en un 9%. El grupo Género en la Paz (GPaz), por su parte, indicó que en comparación con el año 2019, la ejecución de las medidas con enfoque de género se ralentizó en el año 2020. Las medidas con un avance parcial sólo aumentaron en un 4% y las medidas con avances oportunos decayeron en un 6%.

A pesar de los pocos avances con perspectiva de género del punto uno, dentro de lo logrado se observan distribuciones con brechas poco profundas. Según el Instituto KROC, de las tierras formalizadas y asignadas en 2019, el 49% de los beneficiarios fueron mujeres, lo que representa un 37% de la tierra distribuida. De lo entregado entre enero y junio de 2020, un 48% de los beneficiarios fueron mujeres, lo que representa un 32% de la tierra formalizada y asignada.

También se destaca la voluntad de las mujeres para la sustitución de cultivos ilícitos: “de las 99.097 familias adscritas al programa de sustitución, 35.307 son encabezadas por una mujer, de las cuales un 68% se dedican al cultivo de coca” reporta el informe.

Las mujeres campesinas y la sustitución de cultivos para la paz.

A pesar del compromiso de las familias, en especial de las mujeres que decidieron erradicar voluntariamente, el desarrollo de los planes de sustitución ha sido bastante irregular. La Corporación Humanas Colombia, que ha venido brindando acompañamiento y apoyo a proyectos productivos de mujeres que se comprometieron con la

erradicación en algunos sectores de Antioquia, Putumayo y el Bajo Cauca, reporta que el avance de la sustitución se ha realizado de manera desorganizada y poco concertada con las comunidades. Luz Piedad Caicedo, antropóloga feminista y codirectora de la organización comenta que en Briceño, Antioquia las etapas de transición de coca a productos agropecuarios no funcionó, pues se ejecutaron de manera desincronizada. Las familias cumplieron la primera etapa: firmar y erradicar. Posteriormente, recibían una ayuda monetaria y, después, proyectos productivos. Sin embargo, los proyectos no se entregaron a tiempo y el dinero que se entregó no pudo ser reinvertido. Además, los proyectos productivos de ciclo corto, pensados para la de seguridad alimentaria, estuvieron mal diseñados: “Se entregó cualquier cosa, o recibe esto o se queda sin nada. Lo que pidieron las personas no llegaba. Quien pidió gallinas, recibió para un invernadero de tomates, etc. La pandemia llegó cuando los campesinos no tenían prácticamente nada, no habían empezado” asegura Caicedo.

Carmen Pérez, habitante de Briceño, decidió acogerse al programa de sustitución desde el 2017 para cambiar de vida. Admite que dejar la coca fue muy duro, pues les proveía de ingresos estables, que, en su momento, les permitieron sacar adelante a sus hijos. Las mujeres tenían empleo, ya sea con sus propios cultivos, siendo raspachinas o cocinando para raspachines. Carmen dice que, en Briceño, la ausencia de cultivos de coca ha traído cierta paz porque los grupos armados se han ido de la zona. Sin embargo, se siente decepcionada, pues los retrasos en los pagos y en la entrega de los proyectos les ha dejado en una situación de incertidumbre y precariedad. Varias familias se han visto obligadas a desplazarse y algunas mujeres han optado por irse a trabajar a la represa de Hidroituango, dejando a sus hijos e hijas solos.

En Piamonte, en la baja bota caucana, si bien se ha cumplido con los pagos a las familias que se acogieron al plan, se presentaron otro tipo de dificultades. Enlly Dávila, integrante de la Asociación Solidaria para el Desarrollo de la Mujer Piamonense ASODEMUPI, cuenta que en la zona se han reorganizado grupos de narcotraficantes, paramilitares y disidentes de las FARC, quienes ofrecen incentivos al campesinado para que sigan sembrando coca, patrocinando la siembra.

Según Enlly, el problema para los piamonenses no era exclusivamente el dinero, sino el desarrollo social que debía darse conjuntamente a la sustitución. Se necesita, por ejemplo, la infraestructura vial que le permita al campesinado comercializar exitosamente sus productos, de lo contrario, ningún cultivo es rentable. Cuando no hay carreteras óptimas, “es mucho más fácil sacar coca que un camión cargado de plátano” comenta. Además, agrega que quienes deciden tomar el liderazgo, insistir en la sustitución y en el cumplimiento de los acuerdos se arriesgan a ser amenazados por organizaciones criminales que se siguen lucrando del narcotráfico.

Arrancando el machismo desde la raíz.

Para Enlly, una dificultad particular para las mujeres piamonenses fue el aumento de la violencia de género y el alcoholismo de los hombres, resultante de los desembolsos de los subsidios. El día de pago las cantinas del pueblo aumentaban su clientela y las mujeres pagaban las consecuencias. Según Luz Piedad Caicedo, si bien la organización de la economía campesina no se puede pensar en los hombres y las mujeres por separado, es importante reconocer las desventajas históricas a las que han estado sometidas las mujeres. Son los hombres los dueños de las tierras y quienes reciben y manejan la mayor

 

«Es mucho más fácil sacar coca que un camión cargado de plátano»

parte de los recursos del hogar. Esto representa grandes desventajas para las mujeres campesinas, pues si quieren emprender o tener un proyecto productivo, se les dificulta adquirir créditos u otras formas de financiación. Además, sus labores son poco reconocidas en el ámbito familiar y son ellas quienes deben irse cuando las relaciones se acaban o, peor aún, deben aguantar malos tratos para sobrevivir. Por eso, organizaciones como Humanas se centran en trabajar con mujeres campesinas, capacitarlas y fortalecer en ellas la idea de que pueden crear proyectos y hacerse cargo de ellos. Cabe destacar que las mujeres campesinas con las que ha trabajado la corporación tienen una gran disposición a implementar cultivos orgánicos y sostenibles con el medio ambiente. Sin embargo, muchas de estas iniciativas se ven frustradas por sus compañeros sentimentales, quienes, alegando tener una mayor experiencia en las labores del campo, insisten en continuar con los métodos e insumos tradicionales, poco amables con el entorno.

¿Qué sembrar? ¿Cuáles son los retos para la construcción de paz?

Es indispensable que se cumpla lo pactado en el Acuerdo de forma eficiente. Para esto, el gobierno en turno debe darle el ritmo estipulado a los procesos y tener la disposición para trabajar en las problemáticas subyacentes, como, por ejemplo, en el caso del punto

 

uno y cuatro, la deficiente infraestructura vial que aísla a muchos sectores rurales del país. Sin un robustecimiento de las estructuras estatales e institucionales que garanticen el sostenimiento de las metas del acuerdo, se desdibuja la posibilidad de territorios en paz.

Es fundamental, además, cumplir con el enfoque de género. Según la experiencia de las instituciones y fuentes consultadas para este artículo, los avances a medias, tardíos o desfasados pueden acarrear escenarios de vulnerabilidad incluso peores que los que existían antes de firmado el acuerdo: violencia de género, incertidumbre económica, empobrecimiento y migración forzada.

Trabajar hacia los dos puntos anteriores, implica reconsiderar los esfuerzos direccionados a la guerra contra las drogas y el narcotráfico, y priorizar otros enfoques. Organizaciones como Humanas, Dejusticia y WOLA, han insistido en sus investigaciones sobre la utilidad de este enfoque a nivel latinoamericano. Después de décadas de militarización, fumigación con glifosato y punitivismo carcelario, no ha disminuido ni el cultivo de plantas consideradas ilícitas, ni la distribución de drogas, ni su consumo, tampoco la

violencia que esto desencadena. En ese sentido, se debería abordar la problemática desde el desarrollo social, atendiendo la pobreza y la desigualdad en el campo; la proporcionalidad penal, descriminalizando al campesinado (y pequeño) cultivador y al consumidor; y desde la salud pública, atendiendo los problemas de consumo de sustancias psicoactivas.

La construcción de paz territorial con perspectiva de género es, entonces, un camino largo y con muchos peldaños, el cual se debe empezar a recorrer sin pausas. Se debe tener como principio rector el bienestar integral de las comunidades, considerando las particularidades históricas y culturales que constituyen la vida de las mujeres campesinas: machismo, acceso desigual a recursos, poca valoración de su rol, entre otros, pero también la voluntad de paz, de resistir, su disposición al cuidado de la vida y a los vínculos comunitarios.

Cultivadoras del municipio de Briceño, Antioquia hablan sobre su experiencia con la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y en general del Punto 4 del Acuerdo de Paz y su compromiso con generar alternativas para la producción y comercialización de alimentos.

Defensoras de derechos humanos de San Carlos y Granada Antioquia hablan sobre lo que ha significado para ellas la firma del Acuerdo de Paz y cuales son los retos frente a la protección de su labor.

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