Colombia se encuentra inmersa en un proceso de transición marcado por la implementación del Acuerdo de Paz (AP), firmado en el año 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP. A pesar de la esperanza que la firma del acuerdo despertó en los territorios más golpeados por el conflicto, los dos primeros años de implementación del AP se han caracterizado por el recrudecimiento de la violencia y los asesinatos de lideresas y líderes sociales.
Uno de esos territorios es el Chocó, ubicado en el noroccidente de Colombia. A lo largo del conflicto, la población civil chocoana ha sufrido numerosas violaciones a los derechos humanos y se han registrado recurrentes infracciones al derecho internacional humanitario por parte de todos los actores armados.
En el ranking sobre el nivel de ocurrencia y expulsión asociado a hechos victimizantes relacionados al conflicto armado en Colombia, el departamento del Chocó ocupa el puesto 6. (RUV, 2019)
Guía de uso
Para cada uno de los cinco primeros puntos del Acuerdo de Paz- Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto Armado, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas y Víctimas del Conflicto Armado, se analizarán cinco medidas de género. Para cada medida elegida se presenta la justificación de su elección atendiendo al análisis territorial chocoano, (línea de base 2019), se plantea la medida textualmente tal y como en el Acuerdo de Paz (subrayando los extractos que contienen la medida de género específica), se detalla el Plan Marco de Implementación (PMI) en el que se inscribe, se especifica la entidad responsable de implementar la medida a nivel nacional y departamental, y se generan indicadores cuantitativos para su seguimiento, identificando la entidad encargada de brindar la información requerida.
En respuesta a la interseccionalidad de las discriminaciones que sufren las mujeres chocoanas, esta herramienta recoge indicadores étnico-territoriales según lo estipulado en el Capítulo étnico del Acuerdo de Paz, que en sus consideraciones (Punto 6.2.2) señala: “Que el Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones. Considerando que los pueblos étnicos deben tener control de los acontecimientos que les afectan a ellos y a sus tierras, territorios y recursos manteniendo sus instituciones, culturas y tradiciones, es fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural, para la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia”.