La situación de inseguridad de defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia es alarmante, particularmente desde el 1 de diciembre de 2016, fecha en la que inició la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera1, firmado entre el gobierno colombiano y las Farc-Ep.
La Defensoría del Pueblo, en su Informe de Riesgo N. 010-17 AI del 30 de marzo del presente año, así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe anual de 2016 sobre la situación de los derechos humanos en Colombia del pasado 14 de marzo, y el Programa no gubernamental Somos Defensores, en
su Informe Anual 2016 del Sistema de Información Sobre Agresiones Contra Defensores de DDHH, coinciden en reconocer, pese a algunas diferencias presentadas en los datos, que la situación es preocupante.
Resaltan los informes que el trabajo en torno a la paz y la defensa de los territorios, en la coyuntura actual de reorganización de actores armados en los lugares en donde las Farc-Ep han salido hacia el proceso de reintegración a la vida civil, así como la débil presencia y efectividad del Estado y la persistencia de los niveles de impunidad en estos casos, han complejizado la situación de defensores y defensoras de DDHH, aumentado el riesgo en el que se encuentran.