2012-09-14
La sentencia T-627 de 2012 de la Corte Constitucional ratifica la obligación de los servidores/as públicos de brindar información veraz, completa y confiable que garantice el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
La tutela que fue interpuesta hace un año por 1201 mujeres, en contra del Procurador General de la Nación y sus procuradoras delegadas para la infancia, la adolescencia y la familia, y para la función pública, fue fallada por la Corte Constitucional amparando el derecho a la información de las ciudadanas y además protegiendo a los funcionarios/as principalmente del sistema de salud, que quieran cumplir con lo fallado en las sentencias C-355 de 2006 y la T-388 de 2009.
En el 2009 el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez afirmó que las campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos eran de promoción del aborto, está afirmación fue considerada por la Corte como una falta a la verdad.
En este momento en que el Procurador General Alejandro Ordoñez, se encuentra en la carrera para su relección, es de vital importancia que el Congreso de la República tenga en cuenta el fallo de la Corte Constitucional, que ratifica lo expuesto en diversas oportunidades por la sociedad civil de como Ordóñez a través de diversos pronunciamientos públicos demuestra su desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, su rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos aprobados por la Corte Constitucional, su oposición al reconocimiento de derechos a parejas del mismo sexo, así como a la difusión de programas que protejan la salud sexual y reproductiva.
A pesar de la renuncia de las procuradoras delegadas Ilva Myriam Hoyos y María Eugenia Carreño, a quienes también cobija la sentencia T-627/12, el Ministerio Público debe cumplir con la decisión de la Corte, y la retractación la deberán hacer bien sean las actuales funcionarias o quienes entren a remplazarlas en sus respectivas dependencias.
Este fallo es un respaldo para la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y deja por sentado que quienes ejercen la función pública lo deben hacer desde el respeto por los mandatos legales y en la protección de los derechos de todas y todos.
Invitamos a las organizaciones y personas a sumarse a este pronunciamiento.