“Poner fin a la impunidad de los delitos sexuales relacionados con los conflictos es un factor clave para la paz, la seguridad y la no repetición de los crímenes de atrocidades masivas”, señaló Silvia Fernández, presidenta de la Acción Mundial Contra los Crímenes de Atrocidades en Masa -GAAMAC, al instalar el Seminario Internacional: “Prevenir la Violencia Sexual como crimen atroz, compromiso de los Estados en la No Repetición de la Violencia Sexual”, realizado el 11 de octubre en Bogotá.
El seminario fue convocado por la Corporación Humanas y Abogados sin Fronteras Canadá, con el apoyo de GAAMAC-, de la cual Humanas hace parte, y el Programa Justicia Inclusiva de USAID.
El espacio fue instalado con las intervenciones de Silvia Fernández, presidenta de GAAMAC – (Intervención pregrabada); Cecilia Barraza, subdirectora del Programa de Justicia inclusiva; Stelsie Angers, directora Colombia, ASF- Canadá; Adriana Benjumea Rúa y Luz Piedad Caicedo, codirectoras de Corporación Humanas.
“No se puede hablar de lucha contra los crímenes atroces si entre ellos no se contemplan los delitos sexuales que mayoritariamente afectan a las mujeres y a las niñas, y que debe ser un tema de la política exterior feminista y de Plan Nacional de Acción 1325 de Mujeres Paz y Seguridad”, afirmó Luz Piedad Caicedo.
El momento actual de Colombia ofrece una oportunidad para avanzar en la conversación necesaria sobre la prevención de la violencia sexual en contextos de conflicto armado, considerando la propuesta del gobierno colombiano de Paz Total y la discusión sobre los mecanismos jurídicos posibles y necesarios para alcanzar dicha paz en la que la erradicación de la violencia sexual debe ser un elemento de fondo.
En el contexto de la apertura del caso 11 en la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP y, en general, dentro del proceso de la justicia transicional, es de gran relevancia este tipo de intercambio de experiencias con países que han encontrado alternativas y ensayado fórmulas de juzgamiento de crímenes atroces y su prevención.
La prevención de la violencia sexual como crimen atroz
Con la participación de expertas y expertos de Colombia, Chile, Ucrania, Guatemala y Canadá, se resaltó que la lucha contra la violencia sexual exige un compromiso de los Estados y de la sociedad en general, tanto en su identificación y juzgamiento como en la prevención y en las garantías de no repetición.
En este primer intercambio, se afirmó que la violencia sexual es un crimen de lesa humanidad y se explicó que la violencia sexual en el conflicto armado es una batalla de hombres que se libra en el cuerpo de las mujeres y que la impunidad de la violencia política sexual favorece su repetición.
También se enfatizó que la prevención de este crimen y de otras violencias de género implican educar a la sociedad y establecer una nueva cultura.
Surgieron recomendaciones como los requisitos de especialización para la función pública de investigación en este tipo de crímenes; la implementación de mecanismos de apoyo intergubernamentales y en coordinación con la sociedad civil, defensores de derechos humanos y la comunidad internacional para actuar responsablemente frente a la tragedia de las víctimas y sobrevivientes.
En cuanto a la investigación, se planteó el abordaje de la violencia sexual asociada al conflicto, que se priorice la privacidad de las víctimas y un sistema de confidencialidad. En este sentido, se presentó la buena práctica de la creación de redes de sobrevivientes en Ucrania que brinda apoyo legal, psicológico y ayuda humanitaria con servicios de salud.
Se resaltó la participación y las voces de las víctimas y sobrevivientes, de tal manera que
estén involucradas en todas las etapas de los procesos de justicia y reparación y el apoyo al proceso de restauración su proyecto de vida. Y, asimismo, la disposición de una plataforma de consulta a las víctimas.
Este primer panel contó con la participación de Camila Maturana, abogada, defensora de derechos humanos y directora de la Corporación Humanas, Chile; Olena Sotnyk, asesora del Viceprimer ministro para la Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania; Anatolii Dosych, consultor del Comisionado del Gobierno para la Política de Igualdad de Género; Khrystyna Kit, abogada y representante de la Asociación de abogadas de Ucrania, socia de Abogados sin Fronteras Canadá; y Diana Parra, asesora en género de la Cancillería de Colombia. La moderación estuvo a cargo de Luz Piedad Caiceo, codirectora de la Corporación Humanas, Colombia.
Las garantías de no repetición de la violencia sexual
Con relación a las garantías de no repetición del crimen de violencia sexual en contextos de guerra o conflictos armados, se identificaron cuatro ejes: el momento propicio, el acompañamiento, el enfoque y las limitaciones.
Se recomienda iniciar cuanto antes el momentum para discutir, adoptar e implementar garantías de no repetición; asumir el acompañamiento a las víctimas a partir de su resiliencia; adoptar un enfoque de género e interseccionalidad y desde la perspectiva del efecto transformador de las medidas de no repetición de las violencias sexuales; por último, reconocer las limitaciones de la justicia en materia de no repetición.
Adicionalmente, se valoró el litigio estratégico y las reformas institucionales para erradicar patrones estructurales de estas violencias, así como la interdependencia de los derechos humanos para atacar las raíces profundas de estas violencias. La prevención de estos crímenes atroces es parte de la no repetición y, en este sentido, Adriana Benjumea Rúa, codirectora de Humanas, planteó las preguntas:
“Los tribunales llegan tarde cuando las atrocidades ya se cometieron. ¿Cuál es nuestro lugar como abogadas feministas para aportar a la justicia transicional y las garantías de no repetición? Y, en tanto mujeres, ¿qué hacer para que los crímenes atroces pueden ser prevenibles?”.
Benjumea planteó tres elementos del litigio en el marco de la justicia transicional: 1) Feminizar la justicia y poner en la cúspide de la atención los delitos contra mujeres y poblaciones excluidas; 2) Urge dar un mensaje social contundente para que las violencias sexuales generen repudio social y de no tolerancia y 3) para el caso colombiano, cumplir con el mandato del Acuerdo de Paz que señala en el punto 5.1.4. las garantías de no repetición y se le asigna al Sistema Integral para la Paz la tarea de romper la impunidad y señalar el camino hacia la no repetición.
La Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la magistrada Belkis Izquierdo, rescató las lecciones aprendidas del caso 02 que investiga la Situación Territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas en Nariño, atribuyó responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa Humanidad a quince exintegrantes de las extintas Farc-EP.
Resaltó la participación de las víctimas y de las organizaciones de mujeres y de población con orientación sexual e identidad género diversa que fue una de las claves en la relatoría del caso 02 para dimensionar todo el repertorio de violencias basadas en género. Por otro lado, puntualizó en las medidas de reparación que requerirá de la escucha a las víctimas para que sean efectivas y transformadoras de la cultura en la que se sustentan las violencias de género y del enfoque interseccional es crucial para reparar los daños causados por la violencia sexual en el conflicto armado y evitar su repetición.
Las representantes del gobierno nacional destacaron que los hechos de violencia sexual en el conflicto colombiano requiere de un análisis profundo de las estructuras de poder para abordar racismo, xenofobia, sexismo y todas las formas de discriminación contra la mujer y las personas LGBTIQ+.
Asimismo, destacaron el momento actual de participación de más de 1500 mujeres en el Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325 de la agenda de paz y seguridad y el valor de este mecanismo ratificado por el Estado colombiano para prevenir las violencias de género e implementar la participación de las mujeres diversas que garantice su seguridad integral en los territorios.
La jueza Iris Yassmin Barrios Aguilar rescató el proceso y los aprendizajes del caso emblemático de justicia para las mujeres indígenas de Sepur Zarco, esclavizadas sexualmente por militares al norte de Guatemala, en el marco del conflicto de su país en el período entre 1962 y 1996.
Explicó que en los conflictos armados generalmente se utiliza la violación sexual como una forma de vencer al enemigo, profanando el cuerpo de las mujeres. Se compara el cuerpo de la mujer con un territorio. Les resulta más fácil vencer al enemigo atacando a sus mujeres.
“Las mujeres somos generadoras de vida y contribuimos con nuestro esfuerzo al crecimiento, al desarrollo social, económico, a la educación. Entonces es importantísimo que la sociedad conozca los delitos contra las mujeres en cada territorio, en cada país para que nunca más vuelvan a repetirse. Como dijimos en algún momento: ¡Nunca más!”, reafirmó la jueza Barrios.
Este segundo panel contó con los aportes de Karine Ruel, directora general interina de Abogados sin Fronteras Canadá; Adriana Benjumea Rúa, abogada y codirectora de la Corporación Humanas; Mariana Ardila, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia; Iris Yassmin Barrios Aguilar, Jueza de Guatemala; y Belkis Izquierdo Torres, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. La moderación estuvo a cargo de Debbie Patricia Hernández, abogada Corporación Humanas, Colombia.
