2013-06-04
El pasado 26 de mayo los delegados del Gobierno y de las Farc-EP emitieron un comunicado conjunto en el que se anunciaba el primer acuerdo alcanzado en La Habana “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
El primer resultado tangible, tras seis meses de negociaciones, era presentado como un acuerdo histórico y daba oxígeno a un proceso que cuenta con poderosos detractores.
Denominado “Hacia un nuevo capítulo colombiano: Reforma rural integral”, el documento se dirige al corazón mismo del conflicto colombiano; la tierra. Un escueto comunicado que marca las líneas rojas y los objetivos de un proceso de reforma dirigido a garantizar un reparto más equitativo de la tierra. Sin embargo, por el momento no han trascendido los detalles de cómo se implementarían estos cambios en un país en el que convergen intereses enfrentados y donde, en la actualidad, se están aplicando políticas difícilmente compatibles con la anunciada “Reforma rural integral”.
Yamile Salinas Abdalá es una investigadora independiente que acumula gran experiencia en derecho público, ambiental, agrario, étnico, cultural y en derechos humanos. Desde hace años estudia con gran atención las políticas de tierras llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos colombianos y observa, desde el terreno, el impacto de estas medidas en la población civil.
“Yo diría, como dice mi profesor Darío Fajardo, que para lograr la paz hay que aflojar la tierra y en este país la gente no está dispuesta a aflojar la tierra. En tanto no resolvamos los conflictos que hay en el campo, no vamos a tener paz”, asegura Yamile sin ocultar el escepticismo con el que ha recibido el anuncio realizado en Cuba.
De la mano de esta mujer, especializada en el derecho a la tierra y al territorio, analizamos los principales puntos de la denominada “Reforma rural integral”:
Acceso al uso de la tierra y el Fondo de Tierras para la Paz
“Tenemos políticas contradictorias que expresan voluntades contradictorias o que expresan la voluntad hegemónica de siempre: que no queremos que haya acceso a la tierra. Pero eso también está ligado a otros temas como: ¿cuáles tierras?, ¿de qué tierras estamos hablando? Respecto al Fondo de Tierras para la Paz, yo he estudiado el tema de las posibles fuentes del fondo. La primera fuente serían los predios que vamos a recuperar de los mafiosos, narcotraficantes y de algún que otro paramilitar. Pero cuando tú miras los predios que hay en la Dirección Nacional de Estupefacientes, más o menos el 60 % de esos predios son menores de 10 hectáreas porque muchos son fincas de recreo. ¿Con eso vas a conformar el Fondo? Sí, hay unos predios interesantes de entre 100 a 1.000 hectáreas, pero ¿tú crees que han salido de ahí?, ¿tú crees que la gente que tiene ingenios en el valle, así sean narcotraficantes extraditados que están purgando o purgaron pena allá, va a soltar el ingenio para que se lo entreguen a víctimas o a un Fondo de Tierras? Entonces, la primera fuente está bastante emproblemada, pero bastante, bastante emproblemada. La segunda fuente son los predios del Fondo Nacional Agropecuario. Yo te diría que están más o menos en la misma situación. No se sabe cómo funcionan, también hay predios pequeños y son los predios que supuestamente ha recuperado el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) por caducidades, pero muchas de esas caducidades se hicieron violentando a las víctimas porque se desconoció su situación de desplazamiento. La otra gran fuente es recuperar los baldíos ocupados ilegalmente. Un ejemplo que además está súper documentado en “Verdad Abierta” y que es un predio emblemático en la historia del desplazamiento y el despojo en Colombia, es el predio Bellacruz en La Gloria, Tamalameque, Cesar. Allá todos sabemos que se produjo el primer desplazamiento masivo que originó que todos habláramos de desplazamiento, además generó que saliera la Ley de Desplazamiento y fue el primer caso con sentencia de la Corte Constitucional sobre los derechos de los desplazados. Salió la gente y ahora ellos, los campesinos, lograron unirse y reclaman que les den sus 1.500 hectáreas de baldío que les habían prometido. Pero resulta que las 1.500 hectáreas están sembradas de palma. El Incoder acaba de decir que sí, que efectivamente son baldíos y que por lo tanto esos señores están actuando ilegalmente porque están violando la Ley 160 de 1994 al haberse apropiado de ese baldío ¿Qué hizo la empresa? Pues lo que obviamente corresponde frente a las inversiones que tiene y fue demandar ante el Consejo de Estado. Por lo tanto, ese problemita de aquí a que lo resolvamos, teniendo en cuenta que un proceso en lo contencioso administrativo puede demorarse unos 8 años… Ese es un caso que vamos a recuperar, que es emblemático, que el Incoder se pronunció, que tiene una historia. Pero hay otros casos que están muy documentados en “Verdad Abierta” como el caso de Poligrow en Mapiripán: una empresa italo-española en Mapiripán que sin carreteras y sin luz decide sembrar palma. Está súper comprobado que se está violando la Ley 160. Hasta donde yo tengo entendido ese caso hace parte de la norma incluida en el proyecto de extranjerización para no quitarles esas tierras. De nuevo esa fuente tampoco está fácil. Entonces ¿cuál fondo? Si no tienes fondo con tierras para el acceso a la tierra ¿de qué estás hablando?”
Zonas de reserva campesina
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“Hasta que no conozcamos las 50 páginas del acuerdo que nos han anunciado es muy difícil saber qué tanto se avanzó en el tema de las zonas de reserva campesina. Este es un tema muy complejo. El peligro no es que sean nueve millones de hectáreas para las Farc, a mi manera de ver hay otros peligros más importantes como que se puedan agudizar conflictos entre poblaciones. Si por ejemplo te vas al Cauca, allí ya hay conflictos generados por las erráticas políticas de tierras del gobierno entre afros e indígenas. Si a eso le metes el tema de las reservas campesinas, pues el conflicto pasa a ser entre afros, indígenas y campesinos. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado. Eso de las zonas de reserva campesina como la panacea, mirando el territorio desde Bogotá o desde La Habana y sin tener en cuenta lo que está pasando simplemente va a incrementar la violencia. En Norte de Santander, por poner otro ejemplo, en Catatumbo ahí está la población indígena que ha venido solicitando la ampliación de su resguardo, y en este momento hay una solicitud de una zona de reserva campesina que se solapa con la solicitud de ampliación del resguardo. Entonces si esos temas no se manejan muy bien, lo que vamos a generar no es paz sino más guerra. Otro tipo de guerra, pero más guerra. Y aparte de eso hay otra problemática que a mí me parece que es muy importante y es que esas zonas de reserva campesina muchas veces se solapan con zonas de reserva forestal. Las zonas de reserva forestal tienen una lógica; son zonas de protección y conservación ambiental que son más compatibles con territorios étnicos que con zonas de reserva campesina. Detrás de eso puede subyacer un interés de sustraer zonas de reserva forestal para crear zonas de reserva campesina, con lo cual obviamente habilitamos la explotación minera. Es un rompecabezas donde cada pieza tiene que estar bien estructurada porque, de lo contrario, va a haber más violencia en este país”.
Propiedad privada versus restitución de tierras
“Eso demuestra nuestras incoherencias. Cuando se hace la ley 1448 obviamente que se habla de la restitución, en la medida en que todos sabemos que en los territorios que fueron objeto de abandono y de todo tipo de crímenes y de violaciones de derechos humanos, allí hay proyectos agroindustriales, forestales y mineros. La misma ley lo previó y habla de los contratos de uso donde lo que dice la ley es que el dueño del proyecto, por supuesto, no es el dueño de la tierra y la tierra se le restituye a sus legítimos dueños pero el proyecto sigue caminando. En el mejor de los casos sus legítimos dueños, las víctimas, van a obtener una compensación, siempre y cuando el señor dueño del proyecto demuestre su buena fe exenta de culpa. Ahí los jueces han hecho avances muy interesantes porque han aplicado muy bien las presunciones para demostrar que frente a hechos notorios, como los que pasó en Montes de María por ejemplo, tú no puedes alegar buena fe exenta de culpa. Nadie puede decir que desconocía lo que estaba pasando. Pero ahí de nuevo tenemos esa incoherencia y esa falta de articulación. Hasta el momento en los procesos que yo he revisado no se ha presentado ese tipo de situación pero habrá que ver qué va a suceder en el futuro con casos como los de Montes de María, donde todos sabemos que cementeras y otro tipo de empresas compraron tierras a sabiendas de la situación que había pasado allí. Entonces, habrá que ver… Yo por ahora no me aventuro pero sí es un conflicto, es un conflicto en ciernes muy grande”.
Formalización de la propiedad agrícola
“Lo de la formalización de la propiedad agrícola me tiene muy preocupada. Por supuesto todos estamos de acuerdo con que por lo menos el 40% de la propiedad en Colombia es informal porque la gente no tiene títulos, lo que agrava aún más la situación de las mujeres. Todos queremos que se formalicen esas tierras. La gran pregunta es: ¿formalización para qué y para quiénes? Cuando tú miras lo que está pasando en la altillanura, donde ha habido una masiva formalización pero a la par ha habido una masiva concentración, entonces la pregunta es: ¿queremos que las tierras tengan títulos para asociar a campesinos o a megaproyectos agroindustriales o queremos poder acceder a los créditos internacionales? Porque con tanto lío de la propiedad en Colombia y tanta violencia, a un empresario yo creo que más que comprar le conviene asociar porque así los líos lo asumen otros, los riesgos también y se limpia de cualquier riesgo de estar adquiriendo tierras con algún pasado turbulento. Estamos de acuerdo en que hay que formalizar, pero: ¿para qué y para quiénes estamos formalizando?”
Frontera agrícola
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“A mí me sorprendió mucho cuando el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo que la última frontera agrícola que había era la altillanura y que había que ir a recuperarla. Yo creo que lo que está pasando en la altillanura es totalmente caótico y se desconocen los derechos de los indígenas de una manera flagrante. Además, al hablar de baldíos en Colombia es un absurdo presumir que están desocupados. Esos baldíos o son territorios étnicos, en algunas partes de afros y/o indígenas, o están campesinos allí. Entonces ampliar la frontera agrícola hacia la altillanura sin un plan adecuadamente estructurado… Yo lo que veo es que estamos acabando con lo poco que nos queda con un gran riesgo de seguir a la Amazonía que ya sería lo último”.
Una jurisdicción agraria para proteger los derechos de propiedad en el campo
“Eso es fascinante. Eso viene desde que hicimos la Ley 200 de 1936 que es nuestra llamada Ley de la Reforma Agraria donde se previó crear la jurisdicción agraria. En los años 80 también se sacó una ley y se dijo que se iba a crear la jurisdicción agraria. Al final tenemos dos tribunales agrarios. Si lo logramos, y con la experiencia que han desarrollado los jueces de tierras, creo que sería la ganancia de ese acuerdo”.
Mecanismos de restitución para las víctimas del despojo y el desplazamiento
“Creo que por eso es difícil que este acuerdo salga. No es solamente la frase de que Nada está acordado hasta que todo esté acordado, sino que los puntos de la agenda de La Habana, en general, están directamente interrelacionados. Ahora viene el de participación, pero uno de los puntos de la agenda es el tema de víctimas. Yo creería que ahí hay un consenso entre las Farc y el gobierno en una realidad que ya acometió el país que es restituir las tierras y territorios a las víctimas. Para atrás creo que no podemos hacer ya nada. Para adelante, la pregunta es: ¿cómo vamos a superar la micro focalización en la restitución, qué vamos a hacer con los intereses que todavía subyacen o con los proyectos que se implementaron en esas tierras?”
Estímulos a la producción agropecuaria
“Ahí se podría avanzar si se logra armar el rompecabezas. Aquí ha habido un sesgo marcadísimo hacia la industria y el gran capital. El mismo Plan Nacional de Desarrollo plantea otros modelos: modelo favorable a los conglomerados integrados horizontal y verticalmente y a los cuales se vinculan los campesinos mediante alianzas estratégicas, y el otro modelo siempre ha sido apoyar la pequeña economía campesina. Lo que pasa es que mientras que para unos tenemos certificados de incentivo forestal, normalmente para los otros no existen los mismos estímulos. Entonces, si en este acuerdo, en este rompecabezas, se logra subir, así sea un poco, y se reduce el desequilibrio entre el gran capital y la economía campesina, pues habríamos avanzado y eso sería importante”, concluye Yamile Salinas en un repaso a los principales retos que supondría la implementación del primer acuerdo alcanzado en La Habana.