– 2013-06-04
Ficha técnica:
Departamento del sur de Colombia, en la región Amazónica, cuenta con una superficie de 24.885 km2. Dividido en 13 municipios en los que viven unos 342.000 habitantes. Tiene como capital la ciudad de Mocoa. Varias etnias indígenas habitan las ricas tierras del Putumayo, la mayoría pertenecientes a los grupos inganos, pastos, awas, muruy, yanaconas, huitotos, sionas, kofanes, kamentsa, coreguajes, quichuas y paeces. Al sur, los ríos Putumayo y San Miguel marcan las fronteras de Colombia con Perú y Ecuador.
Putumayo: Distrito Especial Minero
Hace dos años, el Putumayo pasó de ser considerado un departamento de la Amazonía colombiana, que gozaba de ciertas garantías de conservación, a ser declarado Distrito Especial Minero. Una decisión que ha abierto la puerta a nuevas empresas y megaproyectos. Lejos de traer más desarrollo, las condiciones de vida de los y las putumayenses se han deteriorado, observándose un cambio en la dinámica del conflicto en esta zona del país.
La presencia de empresas mineras y petroleras no es nueva en el Putumayo, pero en los últimos años se ha registrado un aumento significativo que se ha dejado sentir en la vida de la población civil. El intenso tráfico de tractomulas, llevando petróleo de Medio y Bajo Putumayo hacia afuera, daña las carreteras, los accidentes de tránsito aumentan… Pero además, estas empresas desembarcan en la región blindadas por servicios de seguridad privada que han incrementado, aún más si cabe, la militarización del Putumayo.
Organizaciones de Derechos Humanos, consultadas por Humanas bajo la condición del anonimato, denuncian que este aumento de hombres armados, de petroleros y de mineros ha provocado que las niñas y las mujeres del Putumayo estén más supeditadas a la violencia sexual, la trata y la explotación sexual. “El territorio colombiano está vendido y negociado. Más aún donde hay minería porque esa es la locomotora de la actual administración de Santos. Pero esa locomotora de la minería lo que está es aplastando a la sociedad civil y a las comunidades. La locomotora de la minería está aplastando la dignidad de las niñas y mujeres en el Putumayo de manera muy grave”, alertan.
“Eso es allá. Aquí no va a pasar”
Con esta frase cargada de escepticismo fue recibido por algunos putumayenses el anuncio del comienzo del proceso de paz en La Habana. En las comunidades, atrapadas durante décadas en el fuego cruzado del conflicto y el negocio que ha generado, preocupa de manera especial el tema del narcotráfico. Muchos consideran que si en Cuba no se habla de la coca, nada cambiará en sus territorios. Algunos testimonios vaticinan incluso un reacomodamiento de fuerzas porque “esto es un negocio y nadie quiere perder”.
Décadas de presencia guerrillera en este territorio sirven para tomar la temperatura del proceso de paz entre las bases de la insurgencia. Fuentes consultadas por Humanas aseguran que las Farc siguen moviéndose como pez en el agua por las veredas del Putumayo y alertan de que, desde el inicio del proceso de paz en La Habana, la guerrilla ha intensificado el trabajo político en las comunidades. “Hacen reuniones en las veredas con charlas de formación política. Además se informa a la gente de por dónde pueden caminar porque el resto está minado. Hay situaciones de confinamiento súper invisibilizadas que es difícil que se sepa incluso en el mismo departamento. La posibilidad de reacción desde la institucionalidad y desde las organizaciones sociales también es muy poca. Todo esto, en plenos diálogos, evidencia que ellos no están en los diálogos de paz. En varias de las reuniones se lo han hecho saber también a la gente: los de La Habana son otros, pero aquí vamos a continuar. Está muy tenso el ambiente, muy fuerte”, nos cuentan.
¿Qué garantías para las desmovilizadas?
Es una de las preguntas que más atormenta a las mujeres de Casa Amazonía1. Esta organización de mujeres, fundada en 2005, teme que la particularidad de la vida en armas de las guerrilleras no sea tenida en cuenta si el proceso avanza hacia una desmovilización de las Farc. “¿Cuál va a ser la garantía de derechos para las mujeres indígenas, sabiendo que son indígenas y hay unas normas? ¿Cuál va a ser la garantía de derechos para las mujeres afros? ¿Cuál va a ser la protección para esas niñas y esas mujeres jóvenes que se desmovilizan, atendiendo a su pluralidad y multiculturalidad? Creemos que esto no se está pensando. Allí van a salir muchas niñas, muchas jóvenes y muchas mujeres que han hecho su vida desde niñas en la guerrilla. ¿Cómo va a ser ese trato diferencial? ¿Cómo va a ser esa acogida? ¿Las van a judicializar? De allí van a salir muchas niñas abusadas sexualmente o esclavas sexuales. ¿Qué va a pasar con ellas?”, se preguntan.
Para Casa Amazonía, retos como el de la desmovilización de las insurgentes o el de hacer justicia en los crímenes de violencia sexual deben ser prioritarios en la agenda de las organizaciones de mujeres. “Tenemos muchísima expectativa por saber qué estamos diciendo o qué están diciendo las mujeres que tienen más posibilidades de interlocución frente a la gente que está en La Habana sobre situaciones como la violencia sexual o el reclutamiento. Consideramos que son asuntos que no pueden ser secundarios ni que se puedan relegar porque entonces se estaría cediendo demasiado y sería peligroso. Esta posibilidad de acuerdo de paz nos cogió bastante mal preparadas y sentimos que no se está creando el espacio para poner esos temas y pensar estratégicamente cómo vamos a asumir situaciones como la de niñas desmovilizadas con historias de abusos al interior de su militancia política. Según la Ley de Victimas, toda la que salga mayor de 18 años es judicializable. Va a ser muy complicado. Muchas de esas mujeres jóvenes no tienen una perspectiva política, como la que se puede considerar que tuvieron las excombatientes que se desmovilizaron de las guerrillas en los años 90. El trato seguramente va a ser súper diferente. El impacto en sus vidas futuras va a ser muy fuerte y no se está pensando”, alertan.
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1 La Corporación CASA AMAZONÍA, tiene como Misión general promover y consolidar alternativas democráticas para el desarrollo de una identidad cultural, social, comunitaria y ambiental que incentive el sentido de pertenencia, arraigo, respeto y promoción de los derechos Humanos, el derecho Internacional Humanitario, las relaciones equitativas de género, etnia y grupos etáreos, el trabajo conjunto con organización nacionales e internacionales, para el fortalecimiento de una política de paz, convivencia social y desarrollo humano sostenible, con un enfoque transversal de género y medio ambiente.