Luces y sombras del Marco Jurídico para la Paz

El Marco Jurídico para la Paz, reforma constitucional que el gobierno promueve para facilitar los futuros diálogos de paz, siembra la división en La Habana. Lo que para el Ejecutivo es un impulso necesario para la paz, para las Farc es “un estorbo para lograr el fin del conflicto”. Analizamos el alcance de esta iniciativa gubernamental con María Camila Moreno, antropóloga y directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional.

¿Por qué es necesario un Marco Jurídico para la Paz?

“El Marco Jurídico para la Paz es importante porque uno de sus principales aciertos es resaltar la importancia de la integralidad de la justicia transicional. En Colombia veníamos de una experiencia principalmente centrada en Justicia y Paz, muy centrada en el mecanismo especial penal y de alguna manera quedó la idea en el país de que justicia transicional es solo justicia penal y beneficios penales, porque así es como está diseñada la Ley de Justicia y Paz. Si bien ha habido ya una experiencia importante en este país de implementación de diferentes mecanismos de justicia transicional en diferentes momentos, lo que hace el Marco Jurídico para la Paz es plantear que estos mecanismos, todos, deben ser puestos en funcionamiento de manera coordinada en la medida en que unos deben reforzar a otros y que, si bien es importante la justicia penal, es también importante la verdad y la reparación».

«Creo que es muy importante, y sería el segundo acierto, que el Marco Jurídico para la Paz mencione ya la creación de una Comisión de la Verdad. Salimos un poco de la lógica de pedir todo al proceso penal, como ha sido Justicia y Paz, y ahora pedimos la verdad y la reparación a las víctimas además del juzgamiento. El proceso penal no tiene la capacidad de garantizar ampliamente todos esos derechos de las víctimas. Lo que se hace es poner cada cosa en su lugar y resaltar la importancia de la integralidad de la justicia transicional».

«Ahora bien, el ordenamiento jurídico colombiano y el desarrollo de políticas públicas ya tienen varios instrumentos que podían haber sido usados sin necesidad del Marco Jurídico para la Paz, pero al mismo tiempo hay una serie de situaciones y temas que tienen restricciones en el mismo ordenamiento jurídico, de ahí que fuera necesario ese marco. Por ejemplo, el tema del delito político en Colombia después de una reforma constitucional a finales de la década de los 90 quedó muy reducido al punto de que se excluyó la muerte en combate. La muerte en combate se está juzgando como homicidio agravado con las consecuencias que eso tiene para el otorgamiento de indultos y amnistías que es lo propio del delito político, de rebelión, sedición o asonada. Tal y como está, el delito político es realmente inocuo. En términos jurídicos no sirve porque, hoy por hoy, no existe una persona que solamente esté incursa en el delito de rebelión. De ahí la importancia de que se haya incluido en el Marco Jurídico para la Paz la posibilidad de ampliar los delitos conexos del delito político ya no solamente al porte ilegal de armas o al uso de uniformes privativos de la fuerza pública, sino volver a incluir la muerte en combate y un tema que seguramente vendrá pronto que es el narcotráfico como conexo al delito político. Tal y como está hoy es demasiado restringido y para reformularlo se necesitaba el Marco Jurídico para la Paz”.

¿No sería mejor apostar por una legislación que sirva para diferentes procesos de negociación y desmovilización?

“A excepción de Justicia y Paz que es lo más reciente, los anteriores procesos de negociación y de desmovilización en el país, me refiero sobre todo a los proceso de los 90, tenían un marco distinto, un marco jurídico internacional distinto. El mundo ha cambiado, las exigencias en materia de derechos humanos también han cambiado, particularmente con el Tratado de Roma y lo que se hizo a principios de la década de los 90 hoy ya, es imposible de hacer».

«Existe la percepción de que en esos procesos hubo unos indultos y unas amnistías generalizadas porque el marco legal lo permitía. Eso es parcialmente cierto porque nuestro ordenamiento jurídico en esa época excluía el indulto y la amnistía en los delitos graves y quienes fueron responsables de esos delitos más graves no recibieron indultos ni amnistías, de hecho tuvieron que ir a la cárcel y muchos de ellos aún están en la cárcel. Entonces no es cierto que fueran unos procesos en un marco total de impunidad. Ahora es distinto y de hecho ya lo fue con los paramilitares porque el marco es reciente y ya hay una serie de límites que el Estado tiene que cumplir. Pero dentro de estos límites sigue teniendo un margen importante para definir la mejor manera de resolver esta necesidad de paz y al mismo tiempo de garantizar los derechos de las víctimas. En este nuevo contexto, aprendiendo sobre todo de la experiencia de Justicia y Paz porque ya son ocho años y ahí hay muchas lecciones, sí es necesario un nuevo marco además porque las Farc y el ELN no van a aceptar nunca que se les aplique el mismo marco jurídico que a los paramilitares. Eso es una realidad y por eso se formula el Marco Jurídico para la Paz, para poder tener unas herramientas nuevas que permitan, en el marco de la negociación, diseñar un modelo de rendición de cuentas que satisfaga, ojalá, a todos. Va a ser difícil”.

Pero las Farc y el ELN ya han rechazado este marco jurídico para la paz que califican de “unilateral”

“Ahí hay un debate interesante. Efectivamente las Farc dicen que no están de acuerdo con el Marco Jurídico para la Paz pero no se han pronunciado sobre el contenido. Ellos, lo que rechazan contundentemente es que no fue un marco negociado ni discutido con ellos y también el origen del marco, que es parlamentario y además revisado por la Corte Constitucional. Ellos dicen que no ha sido una discusión democrática y no reconocen legitimidad al Congreso de la República para decidir qué marco jurídico hay que aplicarle a las Farc. Es más un argumento político que técnico o de rechazo al contenido del marco. Es un marco, es un piso, y tiene que tener un desarrollo mediante las leyes estatutarias, que es lo que le ha planteado el Gobierno a las Farc en La Habana. Les han dicho: este es un marco que es necesario porque sin este marco no podemos negociar nada y no vamos a tener las herramientas para poder definir los mecanismos, pero no habrá leyes estatutarias, lo han dicho en varias oportunidades, hasta que no se discutan en La Habana. El marco como tal no fue discutido en La Habana, pero introduce en la Constitución la posibilidad de que lo que se discuta en La Habana luego se pueda poner en práctica”.

Participación política de los excombatientes versus el rechazo de la opinión pública

“El propósito del proceso de paz es que las Farc cambien los fusiles por la palabra y por la participación democrática. Ese es el propósito, sino: ¿de qué estamos hablando? Se trata de que las Farc se transformen en movimiento político, si así lo desean, y que puedan participar con plenas garantías en el debate democrático y electoral, y que defiendan sus ideas en ese debate democrático. Frente a la participación, las encuestas recogen opinión urbana, y el rechazo es a la participación de los altos mandos de las Farc en el Congreso. Así se ha presentado el debate en el país y es sobre lo que la opinión pública se ha manifestado. Cuando hablamos de participación política, el imaginario urbano piensa si vamos a ver a Timochenko en el Congreso o no. Pero la participación política va mucho más allá y creo que lo fundamental es crear las garantías y la posibilidad concreta y real de que las Farc participen en política en las regiones en las que han tenido presencia históricamente. No creo que tengan intención de ir a disputar la alcaldía de Montería, en Córdoba».

«Si de lo que se trata es de que se conviertan en movimiento político, donde principalmente se tiene que materializar eso es en las regiones donde están y donde queremos que dejen de estar como actor armado y estén ahora como movimiento político con la posibilidad de acceder a las alcaldías, a los concejos municipales e incluso a las asambleas departamentales. Ahí hay un escenario de participación política que es muy importante y que es fundamental para el proceso de paz, sobre todo para la implementación de los acuerdos que suele olvidarse. En realidad creo que de lo que estamos hablando, sobre todo en el corto plazo, es de eso. Que luego el movimiento político tenga la suficiente fuerza para tener una representación política en el Congreso, puede ser. Que las Farc en las negociaciones exijan curules automáticas en el Congreso no me queda tan claro que sea el propósito inmediato. Puede ser y puede ser que entonces efectivamente tengamos, en una primera instancia, a algunas personas de las Farc en el Congreso, pero creo que la apuesta fuerte es la participación en las regiones”.

El Marco Jurídico para la Paz apuesta por establecer criterios de selección de los crímenes que se deben juzgar ¿Qué criterios se deberían imponer?

“La Corte Constitucional ha señalado la ruta. Lo que plantea el Marco Jurídico para la Paz es la facultad de pedir una ley que permita la selección de los máximos responsables de los grupos armados que hacen parte del conflicto, responsables de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Eso es lo que dice, casi textualmente, el Marco Jurídico para la Paz. Eso significa que los delitos que no se configuren como delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra que no hayan sido cometidos de manera sistemática y cuyos responsables no sean los máximos responsables, que habría que ver cómo se define, quedarían excluidos de esa selección. La Corte Constitucional, a través de un comunicado de prensa, avala esa posibilidad y dice que frente a la imposibilidad de juzgar todo y a todos, la estrategia debe ser juzgar a los máximos responsables por estos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Pero añade que dentro de ese universo, de esos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, el sistema de justicia deberá priorizar los delitos de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y desplazamiento. Selecciona ese universo, pero dentro de ese universo se dice que se empiece por estos delitos. No conocemos aun la sentencia por lo que hay muchos vacíos. Incluso el comunicado de prensa tiene ambigüedades y no termina de aclarar qué es lo que quiere decir la Corte Constitucional. Pero si para que sean considerados como crímenes de guerra hay que demostrar que esos delitos hicieron parte de un plan sistemático de ataque a la población civil, caemos en un anti tecnicismo porque, de acuerdo con el Tratado de Roma, los crímenes de guerra no tienen que ser sistemáticos para ser considerados crímenes internacionales y, por lo tanto, de competencia de la Corte Penal Internacional. Ahí se incluye un requisito adicional al crimen de guerra y es que es que sea sistemático. Todo lo que no cumpla con esas dos categorías quedaría fuera y es complicado porque hay graves violaciones de derechos humanos que no son delitos de lesa humanidad, que no son crímenes de guerra sistemáticos y que deberían igualmente ser juzgados. Habrá que ver cómo resuelve eso la Corte. Por ahora es una pregunta y es una preocupación”.

¿Existe el riesgo de que se diferencie y categorice a las víctimas?

“Sí, aunque lo que plantea el Marco Jurídico para la Paz y lo que se ha planteado en los diferentes debates del gobierno es que es una selección de delitos y de responsables, no de víctimas. Y, que en la medida en que no le corresponde al proceso penal garantizar la reparación ni la verdad completa, todas las víctimas, independientemente de quién ha sido el victimario e independientemente del delito, deben ser reparadas integralmente con los diferentes mecanismos con los que cuenta o que deberá diseñar adicionalmente el Estado y los mecanismos extrajudiciales de verdad. Esa no sería una preocupación, pero hay un tema que es el acceso a la justicia. No todas las víctimas van a poder acceder a la justicia penal. La pregunta es: ¿esto es todo lo que las víctimas quieren? Yo tengo mis dudas de que lo que quieran es ver a los victimarios en la cárcel o ir a un proceso penal que es largo y difícil. Hay un tema ahí de preocupación y es el tema de la violencia sexual que entraría como delito seleccionado, siempre y cuando sea delito de lesa humanidad o haya sido cometido de manera sistemática. Si no cumple esos dos requisitos quedaría excluido del mecanismo penal. Puede ser que, en un mecanismo extrajudicial de esclarecimiento de la verdad, pueda abordarse de una manera amplia y llegar a un número más amplio de víctimas”.

¿Y esas mujeres que mantuvieron relaciones con comandantes forzadas por la inseguridad y el temor?

“Ese sigue siendo un reto enorme. La Fiscalía está avanzando con resultados medianamente interesantes. Justicia y Paz realmente ha sido un fracaso en este tema, no solamente porque los operadores judiciales no han tenido la suficiente convicción para poder esclarecer la violencia sexual y tenerla como una prioridad en su agenda, sino porque además los paramilitares sistemáticamente han negado que hayan sido responsables o que se tratara de un plan. Es muy difícil demostrar el tema. Hay algunos casos y se avanza muy lentamente».

«En el tema Farc también hay mucho interés de la Fiscalía de avanzar y demostrar que, efectivamente, fueron responsables de violencia sexual. Es un tema muy complejo que merece un debate a profundidad y sobre todo informado, porque creo que todavía estamos en un nivel de discusión de muchas generalidades y de mucha abstracción. Hablamos de que las Farc son responsables de violencia sexual y hay algunos casos de mujeres desmovilizadas individualmente, es decir desertoras, que lo afirman, pero al mismo tiempo las mujeres que hoy hacen parte de las Farc, incluso muchas de ellas están en Cuba, han insistido en que no se trataba de una política y que por el contrario había medidas muy duras para sancionar ese tipo de hechos, el tema del aborto obligatorio y de la anticoncepción obligatoria. Entonces te encuentras en una situación muy compleja que amerita una discusión muy seria, muy informada y con datos. Porque tienes unas que son las desertoras que dicen una cosa y otras, que están dentro, que dicen otra cosa. ¿A quién le crees? Pero además de eso están las víctimas de violencia sexual de la población civil que muy seguramente no puedes inscribirla en una política de las Farc de violar a todas las mujeres de esa comunidad. Eso no lo vas a demostrar jamás porque creo yo que no es cierto. Pero eso no significa que esos hechos no se hayan cometido y que haya responsabilidad del grupo por no haber tomado las medidas para evitarlo. Es un debate complejo”.

Hay un proceso de paz pero la guerra sigue en las regiones. En este contexto ¿en qué momento entra a operar la justicia transicional?

“Lo que ha pasado en Colombia es bastante particular si lo comparamos con otras experiencias en el mundo. Por lo general los procesos de justicia transicional suelen empezar a funcionar una vez se inicia la transición. En el caso de los conflictos, después de un acuerdo de paz o en el caso de las dictaduras, cuando cae la dictadura y empieza a reconstruirse el régimen democrático. En Colombia empezamos a hablar de justicia transicional y se empezaron a implementar medidas de justicia transicional en medio del conflicto. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es una ley formulada, promulgada y que se está implementando en medio del conflicto, con toda la dificultad que eso implica. Te podría mencionar muchas más; la creación del Centro de Memoria Histórica o el informe del grupo de Memoria Histórica que ya son mecanismos de justicia transicional, de verdad, de justicia, de reparación y garantías de no repetición que se empezaron a formular y a implementar en medio del conflicto».

«¿Qué es lo novedoso ahora? Lo novedoso es que hemos tenido que reconocer que hacerlo en medio del conflicto representa enormes limitaciones. Atender a las víctimas y reparar a las víctimas en medio del conflicto, cuando todos los días hay más víctimas, es una tarea imposible. Estamos frente a una posibilidad real de una terminación del conflicto armado, de un cese definitivo de las hostilidades que permitiría iniciar, una vez firmado un acuerdo de fin del conflicto, una etapa real de transición, de conflicto a postconflicto y empezar a implementar, de manera mucho más integral y coherente, el modelo de justicia transicional que el país defina y que se defina también en La Habana».

«Pero ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una nueva agenda de justicia transicional, con un modelo de rendición de cuentas, la Comisión de la Verdad, etc. y al mismo tiempo, vamos a tener una agenda que ya viene andando, que es la agenda de la Ley de Víctimas, la agenda con los paramilitares… Va a ser una cosa muy interesante pero seguramente también muy compleja porque habrá que ver cómo se articula la agenda nueva, propiamente en un escenario de transición, con esta agenda que deberá sumarse a este escenario de transición”.

El Marco Jurídico para la Paz y el riesgo de la impunidad

“Hoy lo que tenemos son unos enunciados y un marco constitucional. Que eso sirva o no y garantice que eso no va a ser más impunidad dependerá definitivamente de las leyes estatutarias, es decir, dependerá de cómo se desarrolle eso que está enunciado. Puede funcionar y se puede llegar a un modelo que satisfaga la expectativa de justicia de las víctimas y de la sociedad de una manera razonable y estratégica, que con la creación de la Comisión de la Verdad se logre la mayor verdad posible sobre lo que nos ha pasado, que se avance significativamente en la reparación integral a las víctimas, que definitivamente las Farc dejen la lucha armada y se conviertan en partido político, eso sería la mayor garantía de no repetición. Pero al mismo tiempo puede ser un total fracaso si lo que se termina pactando en La Habana es el mínimo del mínimo para conseguir la firma del acuerdo, sin tener en consideración los derechos de las víctimas, sin avanzar significativamente en el diseño de una Comisión de la Verdad que permita esclarecer todo y termine siendo un escenario de justificaciones, donde ni siquiera se aborden las verdades que sistemáticamente se han negado en este país… Depende, depende de cómo queden las leyes estatutarias y depende del debate en La Habana y del debate en la sociedad colombiana”.