Ficha técnica
Sub-región ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander, la conforman los 10 municipios que hacen parte de la cuenca del río Catatumbo: Tibú, El Tarra, Sardinata, Convención, El Carmen, San Calixto, Ocaña, Teorama, La Playa y Hacarí. 
La extensión total del territorio que conforma el Catatumbo es de 9743,22 Km2. En el año 2012 había aproximadamente 212.814 habitantes en la región. Gran parte de la población es campesina y principalmente dedicada a la pesca, la caza y la agricultura.
El Catatumbo hace parte de la reserva forestal Serranía de los Motilones, una de las siete reservas forestales nacionales, creadas mediante la Ley 2ª de 1959. En la zona se levantan dos resguardos indígenas: Motilón Barí y Catalaura.
“El Catatumbo es una región de sobrevivientes”
Así define a la población del Catatumbo Marta Ortíz* defensora de derechos humanos nortesantandereana consultada por Humanas; esta frase, que resume la constante lucha de sus habitantes por la vida y la conservación del territorio, es una evidencia de la situación que se vive en el Catatumbo desde hace años.
Esta es una historia que comienza en los años 30, tras la concesión estatal de los derechos de explotación del territorio a las empresas petroleras estadounidenses Colombian Petroleum Company o COLPET y la South American Gulf Oil Company o SAGOC, con lo cual se hizo presente la agresión al pueblo Motilón-Barí que habitaba el Catatumbo. “La zona ha tenido demasiados eventos violentos, desangre, desplazamiento, masacres… Iniciando por la llegada del petróleo, el ingreso de colonos, la expropiación de tierras, la llegada de la palma, la extracción de carbón, de gas… Todo eso es responsabilidad del Estado”, afirma la defensora de derechos humanos.
En los años 70 comienza la llegada de grupos insurgentes; primero el ELN (Ejército de Liberación Nacional) que mantuvo su predominio en la zona hasta entrados los 90, luego las FARC- EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) y por último el EPL (Ejército Popular de Liberación) en los 80.
Luego, y alimentada por los grandes intereses económicos en la región para la extracción de recursos naturales no renovables, la extracción de biocombustibles, el control del corredor entre Urabá y el Catatumbo, y el objetivo de acabar con el ELN, que aún ejercía poder en la zona, hacen su arribo las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá. “Desde el año 97 se decía que estos personajes llegaban. En el año 99 llegaron y uno nunca se imagina que todo lo que veía por televisión era verdad o peor. La llegada de las autodefensas, en cabeza de Carlos Castaño y Jorge 40, fue salvaje y fue anunciada”, afirma Marta. Las autodefensas atacan en 1999 el municipio de Tibú y el corregimiento de La Gabarra, zona baja del Catatumbo. En 2001 la arremetida paramilitar fue contra Convención, Teorama, El Tarra y El Carmen, municipios ubicados en la zona media de la región.
La violencia paramilitar hizo del Catatumbo un campo de batalla, en donde se dio pie a la reorganización de las guerrillas, siendo la población civil la más afectada. El desplazamiento de miles de personas campesinas e indígenas, y por tanto el abandono del territorio, permitió la adjudicación de tierras de forma irregular para la extracción de recursos naturales y la consolidación de grandes latifundios.
Tras la desmovilización paramilitar se aumentó el pie de fuerza en la zona, con la creación de las brigadas 30, 15 y 23; que bajo la premisa de garantizar la seguridad, dejan en la mitad de la confrontación armada a la población civil. Además hay quienes afirman que en la región actualmente conviven grupos guerrilleros (FARC, ELN y EPL) y paramilitares, en un acuerdo tácito de no agresión.
El Catatumbo, a pesar de su posición geoestratégica y enorme riqueza natural, es una de las regiones más pobres del territorio nacional. La inexistencia o existencia precaria de vías para la circulación de mercancías y en general el abandono estatal, hacen que el modo de vida campesino sea insostenible, lo que lleva a que la población vea en el cultivo de la mata de coca una solución, tal como lo afirma Gilma Téllez, representante legal de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT. “Debido a ese abandono estatal, nos hemos visto en la necesidad de tener que cultivar la mata de coca, para poder tener el sustento diario, para poder levantar a nuestros hijos y lo que hace el gobierno es venir a acabarnos con lo poquito que tenemos, con la comida, porque con eso es con lo que sostenemos a nuestros hijos, y nos está acabando con lo de la alimentación porque no tenemos otro sustento de vida”, se lamenta.
Las fumigaciones con glifosato, que han sido parte de la lucha contra el narcotráfico en la región, además de acabar con la mata de coca afectan el suelo dejándolo estéril para la siembra de nuevos cultivos, contamina el agua y los pastos cercanos al territorio fumigado, destruye los cultivos de pancoger además de provocar múltiples afectaciones en la salud de quienes habitan el territorio y daños irreparables al ecosistema de la región.
La fuerza del Catatumbo
Durante más de 50 días el Catatumbo se ha convertido en el foco de atención de medios de comunicación, comunidad internacional, activistas de derechos humanos y del Gobierno nacional. Bloqueos campesinos que paralizaron al municipio de Tibú y tuvieron en vilo a todo el país son, según Ortíz, “resultado del cansancio, de un ejercicio de ausencia de Estado, de hegemonías económicas muy fuertes y ruptura muy cruenta de tejido social, de comunidades históricamente marginadas.”
La difícil situación del Catatumbo no es un problema reciente, tampoco lo es la organización campesina y el trabajo por el territorio. ASCAMCAT, organización campesina que lidera el proyecto de Zona de Reserva Campesina y el Programa de desarrollo para el Catatumbo, trabaja desde el 2005. “La propuesta que nosotros tenemos es conformar la Zona de Reserva Campesina para la región del Catatumbo, un plan de desarrollo que fue construido desde los mismos campesinos, mirando las necesidades que tenemos en cada una de las regiones. Debido a todo eso nos tocó tomar la decisión de venirnos para que el gobierno nos escuchara que es una petición de los campesinos por el abandono que tenemos desde hace muchísimos años. Aquí, en la región, ya hace 83 años que vienen explotando el petróleo y en cambio, no tenemos carreteras, no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos vivienda, no tenemos electricidad… Es un abandono de un todo a un todo, por eso los campesinos tomamos esa decisión, porque aquí donde estamos está toda la explotación del petróleo desde hace tantos años y todavía hay gente que vive en ranchitos de bareque, con techos de paja y eso es lamentable estando en una región tan rica”, afirma Gilma Téllez.
A pesar del trabajo de la asociación campesina y la lucha legítima por el territorio, en el Catatumbo confluyen factores que dificultan el establecimiento de la Zona de Reserva Campesina, tal como lo afirmó para Humanas la abogada Yamile Salinas. “Ahí está la población indígena que ha venido solicitando la ampliación de su resguardo, y en este momento hay una solicitud de una zona de reserva campesina que se solapa con la solicitud de ampliación del resguardo. Entonces si esos temas no se manejan muy bien, lo que vamos a generar no es paz sino más guerra. Otro tipo de guerra, pero más guerra”, señala. Además, el Catatumbo hace parte de una reserva natural lo cual le pone otro palo en la rueda a la solicitud de reserva campesina.
La solución de la actual crisis en el Catatumbo, será un reflejo de lo que le espera al país tras la posible firma de un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional en La Habana; un acuerdo que pasa por redefinir la propiedad campesina, la legalidad de la extracción de recursos naturales y la restitución de tierras a las víctimas de la violencia.
* Nombre cambiado por razones de seguridad