Rocío Martínez – 2020-06-02
Históricamente en Colombia, la justicia ha estado en deuda con las mujeres víctimas de violencia sexual. En los talleres que Humanas realizó en el segundo semestre de 2019 en Montes de María en el proyecto “Ágora de las mujeres por una Colombia en paz”, la mayoría de las mujeres relacionaran la palabra justicia con su antónimo: “injusticia”.
Foto. Humanas Colombia
La percepción de la justicia de las mujeres está relacionada por lo menos con dos asuntos: por un lado, con la idea de justicia hegemónica que se relaciona con el castigo, con infringir daño a quien agrede, o con venganza, es la idea del “ojo por ojo”, que se centra en el castigo a quien agrede y no en las consecuencias de lo que sucede a quien es víctima. Por otro lado, la percepción de justicia está relacionada con la experiencia que las mujeres han tenido en sus propias vidas de acceso o no a la justicia en los hechos de lo que han sido víctimas.
Ante el dolor y sufrimiento que produce la violencia sexual sobre la vida de las mujeres y la indiferencia y culpabilización que recae sobre las víctimas, mientras con frecuencia los agresores resultan exentos de sanción alguna, no es de extrañar que las mujeres piensen en que sería justo darle al victimario altas condenas en cárcel. Ahora, teniendo en cuenta la desalentadora experiencia relacionada con el acceso a la justicia de las mujeres, la sensación es de impotencia, dolor y rabia, emociones que ahondan las consecuencias de la violencia sexual. Recordemos que la Mesa de Seguimiento de los Autos 092 de 2008 y 009 de 2014 señala que de los casos allí referidos la impunidad es del 92 por ciento.
Así, la justicia es asociada a la capacidad del Estado de cumplir su obligación de encontrar a los agresores, enjuiciarlos y dictar sentencias condenatorias. Ahora, si bien es posible decir que las percepciones de la justicia de las mujeres están relacionadas con la lógica punitivita predominante, es también cierto que existe un temor real a la revictimización constante por parte de los victimarios y esto es particularmente propio de la violencia sexual. Por ello, la cárcel es vista no sólo como castigo, sino como la posibilidad de las mujeres de sentirse a salvo ante el temor de encontrarse con su victimario en la calle, en el vecindario y ser de nuevo sujetas de amenazas e intimidaciones.
Partiendo de estas percepciones de justicia, nos acercamos en los talleres a las nociones de justicia transicional, como un modelo de justicia que se usa en procesos de diálogo y construcción de posconflicto para transitar de un escenario armado a uno de paz y como esto en Colombia se traduce en la creación de la JEP como institución que, sin reñir con la justicia tradicional, se encargará en los próximos años de asumir la justicia con un importante componente de reparación.
En el marco de la JEP; uno de los temas complejos y de alta expectativa nacional es el tratamiento que esta entidad dará a la justicia relacionada con los casos de violencia sexual. Conversar esto con las mujeres es fundamental, porque significa que no se pretende esperar como efectiva la respuesta puramente punitiva de la justicia, sino que significa pensar en otro modelo de justicia que en este caso debe si o si pensar en clave de no repetición y de reparación.
Así, la JEP está obligada a pensar su mandato en relación con las mujeres víctimas de violencia sexual teniendo en cuenta que la reparación no puede ser entendida solamente como el ejercicio de propiciar acciones para situar a las víctimas en el estado anterior al hecho de la violencia sexual, en tanto es claro que este tipo de violencia tiene como condiciones de emergencia un contexto patriarcal, racista, clasista y adultocéntrico que favorece e incluso legitima que esto suceda. Entonces, la manera de garantizar la no repetición pasa necesariamente por cambiar estas condiciones previas de la violencia sexual. Esto es, significa que la posibilidad de garantizar a las mujeres una no repetición
La JEP lidiará con el no reconocimiento de la violencia sexual como parte de las estrategias de los actores armados, no obstante, será importante allí su capacidad de análisis complejo para entender cómo la violencia sexual ha resultado afín a los planes de los actores armados de controlar los territorios, generar terror y dominar la población. Hasta el momento las mujeres han decidido hablar de sus casos, han documentado mediante distintos mecanismos sus testimonios apostándole a este modelo de justicia, a este Acuerdo, de manera que en manos de la JEP está que este esfuerzo no sea en vano.
Recientemente la JEP abre el caso 007 de reclutamiento forzado , en reconocimiento de la existencia de una grave situación de vulneración sobre niñas y adolescentes que han sido reclutadas por las FARC y han sido víctimas de diferentes modalidades de utilización y violencias, entre ellas la violencia sexual, que denotan el poder y el expreso interés del grupo armado por dominar a quienes considera cuerpos a su disposición: las niñas y adolescentes campesinas, principalmente.
El reto central de la JEP es construir una justicia que permita el reconocimiento claro de la ocurrencia de la violencia sexual, la sanción a quienes la cometieron y principalmente avanzar en la construcción de posibilidades reales de no repetición para las víctimas a pesar del no reconocimiento de la ocurrencia de la violencia sexual por parte de las FARC y de la fuerza pública.