La hora de las víctimas de violencia sexual

El pasado 6 de junio, el Gobierno colombiano y las Farc dieron a conocer una declaración de principios para enmarcar la discusión del quinto punto del «Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», centrado en las víctimas. Diez puntos que marcan la hoja de ruta para tratar el tema de las víctimas, uno de los más complejos y delicados de la negociación.Este acuerdo suma legitimidad al proceso ya que las partes reconocen que en Colombia hay “víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, que tienen “derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” y se comprometen a “no intercambiar impunidades”.

Así el debate se centra en cómo satisfacer, de la mejor manera posible, los derechos de las víctimas; derechos que “no son negociables”. La participación de las víctimas en este debate, se materializará siguiendo los mecanismos utilizados hasta el momento, tres foros regionales (Villavicencio, Barrancabermeja y Barranquilla) y uno nacional (que se desarrollará en Cali); y uno excepcional, con presencia directa en La Habana. En la mesa de diálogo se le abrirá espacio a una delegación que represente al mayor número de víctimas y al amplio abanico de hechos victimizantes que acumula el conflicto colombiano. Ahí serán escuchadas “sus propuestas y expectativas sobre la construcción de paz en los territorios” y sobre cómo satisfacer sus derechos.

En una entrevista publicada en la página web de Proyecto Reconciliación Colombia¹, Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, declara respecto a la participación de las víctimas en el proceso: “Son 6.500.000 víctimas registradas; de las cuales 5.500.000 son desplazadas; casi 3.500.000 son mujeres y 5.000 son víctimas de violencia sexual. Es decir, hay una multiplicidad de voces que querrán ser oídas y hay que buscar mecanismos para que estas diversas voces lleguen y sus propuestas sean tenidas en cuenta. Aunque hay que decir que es imposible una participación absoluta, lo cierto es que hay un camino recorrido en el tema de participación de las víctimas y anterior a las conversaciones de La Habana”.

Respecto al esclarecimiento de la verdad, se ha acordado crear una “comisión histórica del conflicto y sus víctimas”, compuesta por expertos, que no sustituiría al mecanismo contemplado para este efecto en el Marco Jurídico para la Paz. La reparación a las víctimas, las garantías de protección, seguridad y de no repetición, así como la reconciliación, están contempladas en este acuerdo en el que también se plantea crear una subcomisión, apoyada por expertos nacionales e internacionales, que garantizará que los acuerdos alcanzados tengan un adecuado enfoque de género.

Este acuerdo, sumado a la reciente sanción de la Ley 1719², que contempla la adopción de medidas para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual, en especial la cometida en el marco del conflicto armado, representan una oportunidad para poner fin a la impunidad en los crímenes de violencia sexual.

Propuestas de las víctimas de violencia sexual

Verdad, justicia y reparación; los tres pilares de la justicia transicional en la que se basa el acuerdo de principios alcanzado entre el gobierno y las FARC y para los que las mujeres víctimas de violencia sexual tienen propuestas concretas que deben ser escuchadas en La Habana. Así lo pudo constatar la Corporación Humanas en un encuentro organizado conjuntamente con la Corporación para la Vida Mujeres que Crean y el Movimiento por la Paz y la Libertad MPDL, que el 5 y 6 de junio logró reunir en Bogotá a una veintena de mujeres víctimas de delitos sexuales en el marco del conflicto armado. Mujeres llegadas desde Buenaventura, Cúcuta y Medellín del departamento del Magdalena (Aracataca, El Retén y Santa Marta) y de la región de Montes de María, víctimas de los paramilitares, las FARC y la fuerza pública, que se han encontrado con obstáculos para acceder a la justicia.

Con propuestas claras y concretas, basadas en la experiencia, estas mujeres reafirmaron su compromiso con la paz y expresaron su deseo de que sus propuestas sean escuchadas en La Habana.

“Es mucho lo que falta por contar de lo que nos pasó”-aseguraban- y por ello apuestan por llevar a cabo acciones de memoria, documentación y acciones públicas para visibilizar hechos durante décadas condenados al silencio. El abandono del Estado y la permanencia de los agresores en el territorio, preocupan, y mucho, a estas mujeres que exigen espacios donde expresarse, ser escuchadas y tenidas en cuenta y llaman la atención sobre la situación de otras mujeres que todavía no han sido capaces de relatar lo padecido.

La justicia centró una parte importante de los debates en el encuentro “Las Voces de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en los Procesos de Paz”, anteriormente referido. Para las víctimas allí reunidas, la justicia está relacionada con la cárcel porque, en delitos sexuales, “no ceden”. Proponen “judicializar a los victimarios teniendo en cuenta el tipo y forma de violencia sexual cometida y que paguen con cárcel sin consideraciones especiales”, exigen garantías de protección para poder reclamar sus derechos y ayudas para poder hacer frente a los gastos que genera un proceso (transportes, documentos…). Consideran que para atender estos casos, se debe mejorar la atención prestada por las y los funcionarios conformando equipos interdisciplinarios compuestos por “mujeres capacitadas y sensibles a los temas de género”. La inseguridad de sus territorios supone un obstáculo difícil de superar, por lo que proponen: «que las fiscalías encargadas funcionen desde Bogotá para garantizar la protección de mujeres en procesos de declaración de hechos victimizantes y asegurarse de que los funcionarios públicos no sean parte de las redes de operación de los grupos armados”.

El miedo y la desconfianza son una constante en el discurso de estas mujeres. El conflicto permanece en sus territorios y prevén que la situación se complique con las salidas de los paramilitares por pena cumplida y la llegada de los desmovilizados de las FARC. Por esto, las garantías de no repetición son fundamentales para disipar sus temores.

En lo que respecta a la reparación coincidieron en la necesidad de que “se tengan en cuenta las afectaciones económicas que deja la guerra en las mujeres”. Por ello reclaman que se hagan efectivas las indemnizaciones a las que tienen derecho, proyectos productivos para garantizar la seguridad alimentaria y el auto sostenimiento de sus familias, mejores oportunidades de acceso en las instituciones educativas, ofertas institucionales que promuevan el bienestar económico personal y de las regiones donde viven y garantías para su restablecimiento integral; desde las opciones políticas, sociales y psicológica. 1) En línea: https://www.reconciliacioncolombia.com/historias/detalle/263

2) En línea: https://www.equidadmujer.gov.co/Documents/Ley-1719-18-junio-2014.pdf