Excombatientes paramilitares han salido de cárceles colombianas sin que los derechos de las víctimas hayan sido reconocidos en su totalidad y se les garantice protección ante la posibilidad de nuevas amenazas de sus victimarios. En el momento hay 47 nuevas solicitudes entre las que están, comandantes y mandos medios responsables de delitos como homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura, delitos sexuales y reclutamiento de niños y niñas.
Han pasado 9 años de aplicación de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, a partir de la cual se desmovilizaron más de 30.000 miembros de fuerzas paramilitares en Colombia1. De las 40 estructuras paramilitares que existían en 2003, se desmovilizaron 34, a cuyos integrantes comprometidos en violaciones a derechos humanos se les aplicó esta ley.
Según datos de la Unidad de Fiscales para la Justicia y la Paz presentados en Verdad Abierta2, este año 161 excombatientes cumplen los ocho años de reclusión, tiempo máximo de prisión establecido en la Ley 975 de 2005, y 47 de ellos ya radicaron su respectiva solicitud ante la Fiscalía para iniciar su proceso de libertad condicional o sustitución de medida de aseguramiento. Hasta el momento cinco exparamilitares han recibido ese beneficio: Jesús Noraldo Basto León, alias ‘Parabólico’ o ‘Móvil 15’; Víctor Asís Quintero, Jhon Jairo Álvarez Manco, Ramiro de Jesús Rojas Álvarez y José de Jesús Pérez.
Defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales han manifestado su preocupación por que en los territorios no están dadas las condiciones, para que no se repitan las circunstancias que dieron lugar a graves violaciones de derechos humanos. Ante estos hechos, la Corporación Humanas junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU, el Fondo Lunaria Mujer, el Fondo de Acción Urgente – FAU, Abogados Sin Fronteras – Canadá, el Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad – MPDL, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, organizaron el 15 de julio del presente año el conversatorio ¿Y de las garantías de no repetición qué?, que tuvo por objetivo convocar un diálogo entre la institucionalidad responsable de la seguridad y protección de las víctimas y los y las defensoras de derechos humanos, para revisar planes de contingencia que permitan asumir esta situación.
El evento recogió reflexiones sobre lo que está haciendo el Estado en esta materia, la necesidad de conversar con las diferentes instituciones sobre las dudas con la salida de los paramilitares y además permitió generar en conjunto, algunas recomendaciones específicas sobre los mecanismos que deberían revisarse para garantizar la seguridad de las víctimas, la de sus familiares y sus organizaciones.
Teniendo en cuenta esta situación, Luz Piedad Caicedo, coordinadora de investigación de la Corporación Humanas, resalta que “Aunque los hombres no están exentos de verse victimizados, la afectación particular para las mujeres es que la retaliación se haga vía violencia sexual. Hay una consecuencia con el temor de las mujeres a adelantar cualquier tipo de proceso porque no tienen seguridad, no tienen confianza, en el sistema y en la capacidad de las instituciones para contrarrestar la salida de los paramilitares, fundamentalmente porque las mujeres han sentido que en sus regiones la actuación del paramilitarismo se ha mantenido”.
Lo que viene
La salida de los excombatientes paramilitares, se desarrolla en un contexto en el que los derechos de las víctimas no han sido garantizados, Justicia y Paz no ha funcionado efectivamente al punto de que las víctimas están cansadas de la revictimización que deben enfrentar. A este panorama se suman los altos niveles de impunidad en Colombia, la falta de aportes serios al esclarecimiento de la verdad, la debilidad en las garantías judiciales y las dificultades para hacer efectivos los derechos de las víctimas.
Según el Decreto 3011 de 2013, estos hombres quedarían bajo una denominada “libertad a prueba”, lo que quiere decir que la libertad podría restringirse de nuevo si reinciden en los crímenes, incumplen injustificadamente alguna de las obligaciones impuestas en la sentencia o previstas en la Ley o no denunciaron todos los bienes adquiridos a nombre propio o por el grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron.
Entre quienes en pocos meses podrían salir de la cárcel están Ramón Isaza, jefe de las autodefensas del Magdalena Medio; los jefes paramilitares de Puerto Boyacá, Arnubio Triana y Gerardo Zuluaga; Jesús Ignacio Roldán, mano derecha de Vicente Castaño; los dos grandes jefes del Bloque Central Bolívar y Jorge Iván Laverde, hombre de confianza de Salvatore Mancuso. También, dos mandos clave de Jorge 40: Óscar José Ospina, quien tiene investigaciones por violencia sexual cometida en El Copey, Cesar, y Édgar Fierro, así como Jairo Alfonso Samper Cantillo, otro miembro del Bloque Norte3.
La Corporación Humanas junto con las organizaciones que convocaron al conversatorio citado, señalaron entre otros elementos, que es urgente que se conozcan en los territorios los planes de contingencia que tiene el gobierno nacional para asumir esta situación. También, prestar especial atención al impacto que este nuevo contexto pueda tener sobre la vida de las mujeres víctimas y de los/las defensoras de derechos humanos, ofreciendo garantías de seguridad y acompañamiento a las víctimas en las regiones, especialmente a las mujeres que han actuado en versiones libres y audiencias de imputación de cargos . Las medidas que se tomen no pueden ser transitorias, deben mantenerse en el tiempo.
En esta coyuntura en la que el país está pensando en la paz, es necesario garantizar que las estructuras criminales no se rearmen para evitar futuras revictimizaciones, igualmente brindar todas las garantías para que se hagan realmente efectivas las medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición.