Una política global de drogas estancada en el pasado

Por: Isabel Pereira,

Coordinadora de investigaciones de Política de Drogas en Dejusticia y

Representante para América Latina y el Caribe del IDPC

Los pasados 20 y 21 de marzo, Viena volvió a ser la sede de la Comisión de Estupefacientes, que cada año se celebra en esa ciudad. La CND, por su nombre en inglés, es el órgano de gobierno de los tres tratados internacionales de drogas que componen el sistema global de fiscalización, el mismo que declaró, desde 1961, las plantas de la marihuana, amapola, coca y todos sus derivados como ilegales. En Viena, los 193 países que hacen parte de estos tratados se reúnen para medir el mal llamado ‘progreso’ hacia un mundo libre de drogas.

El año 2019 era además el momento de una posible inflexión, pues se cumplían los 10 años del Plan de Acción que delineaba los objetivos de eliminar la demanda y la oferta de drogas ilícitas. Era también la ocasión de definir si a ese plan se le extendía la vigencia, o si por el contrario se reconocía el documento de resultados de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema mundial de las Drogas (UNGASS 2016), que tiene muchos más elementos alineados con los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Se esperaba, al menos, que la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) hiciera el ejercicio de medir el avance de los indicadores que se habían acordado. Pero la UNODC no hizo tal ejercicio. Afortunadamente ante ese vacío, el Consorcio Internacional de Política de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), preparó un informe sombra en el que muestra a grandes rasgos que hoy hay un 130% más cultivos de amapola que en 2009, el 75% de la población en el mundo no tiene acceso a opioides para aliviar el dolor, y solo 1 de cada 100 personas que usan drogas vive en un país con acceso adecuado a servicios de reducción de daños.

En Colombia, varias organizaciones de la sociedad civil hicimos un ejercicio similar. La plataforma ‘Acciones para el Cambio’[.1.], elaboró un informe sombra evaluando los últimos 10 años de la política de drogas en Colombia. Lo que encontramos es un fracaso espectacular pues, habiendo gastado 20 billones de pesos, no se logró una reducción sostenida en el largo plazo de los cultivos de coca, no se mejoraron los índices de desarrollo en territorios cocaleros, no se atendieron las necesidades de salud de las personas que usan drogas, y en cambio se generó una crisis carcelaria y penitenciaria, castigando a las personas intercambiables de las redes del narco, sin que ello haya derivado en una desarticulación del crimen organizado.

Viena, una vez más, demostró su resistencia al cambio al no reconocer el fracaso de las estrategias actuales, ni los graves costos en derechos humanos que ha representado el enfoque represivo. Pero afortunadamente Viena no son solo las salas de la plenaria, donde los gobiernos se aferran a objetivos inalcanzables y dañinos. En Viena se congregan también voces diversas que desde la academia, los movimientos sociales de personas que usan drogas, de activistas por una reforma, promueven espacios para pensar más allá de las restricciones de los tratados. Uno de los más grandes hitos que dejará esta CND es el lanzamiento de los Lineamientos Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas. Estos dos ámbitos, que por décadas han estado separados, se congregaron para poder decirle a los gobiernos las maneras para aplicar estándares mínimos según lo que dicta el Derecho internacional de los Derechos Humanos. Mínimos que hablan de estándares del derecho a la salud, del derecho al máximo de recursos disponibles, pero que también ahondan sobre las poblaciones diferenciadas: mujeres, niños y niñas, y pueblos indígenas.

La CND sigue siendo un espacio hostil para dialogar abiertamente sobre los derechos humanos de las personas que se involucran en las economías ilícitas, y mucho más para pensar en alternativas necesarias como la regulación estricta y responsable de las sustancias. Mientras tanto Colombia, que por varios años defendió un discurso pro-reforma, regresa al pasado desconociendo los avances que se alcanzaron en el documento UNGASS 2016, y presenta contradicciones internas evidentes entre el retorno a la mano dura y las demandas del movimiento social.

Este boletín se realizó gracias al apoyo del Fondo Sueco Noruego de Cooperación (FOS).