Por: Mónica Lozano
Foto: Catalina Ballesteros
“Nos llevaron como borregos al matadero”, le dijo una lideresa cocalera de la vereda El Tandil, en el municipio nariñense de Tumaco, al entonces vicepresidente Óscar Naranjo un año después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y el hoy partido político FARC. Con firmeza en su voz a pesar del llanto, la mujer denunciaba que, tres días antes, la Policía Antinarcóticos había asesinado a ocho campesinos e indígenas que hacían parte de un cordón humanitario con el que buscaban impedir la erradicación forzada. Las familias de la zona vivían del cultivo de hoja de coca, pero, además, ya habían aceptado hacer parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS) pactado en el Acuerdo.
Había pasado un año de la firma del Acuerdo de La Habana, pero en Tumaco todavía no se sabía qué era la paz. Hoy, pese a las promesas del Gobierno de ese entonces, en ese municipio y en otras zonas del país tradicionalmente cocaleras, el panorama parece empeorar. Ni las comunidades afro, ni las mestizas, ni las indígenas, ni los hombres y mucho menos las mujeres, han podido ver materializado lo que está escrito en el papel, en el punto 4 del Acuerdo, sobre la ‘Solución al problema de drogas ilícitas’. Uno de los temas con mayores retrasos en su implementación.
Las comunidades denuncian que las condiciones para la sustitución de cultivos de uso ilícito a las que se había comprometido el Gobierno no han sido garantizadas en todos los casos o se están cumpliendo a medias y que, por el contrario, el actual gobierno ha fortalecido la erradicación forzada, las aspersiones con glifosato y se continúa criminalizando a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. De hecho, el presidente Iván Duque busca volver de manera definitiva al uso de dicho químico, aunque vaya en contravía con lo pactado en el Acuerdo de Paz y desoiga el parecer de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Tales incumplimientos han provocado la siembra y resiembra de cultivos. De acuerdo con el informe más reciente de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el departamento de Nariño es el lugar donde se reporta la cifra más alta de hectáreas cultivadas de coca: 45.735 en 2017. En todo el país se cuentan 171.494 hectáreas que afectan 186 municipios en 22 departamentos.
Camilo Romero, gobernador de Nariño, señala que los planes del Gobierno sobre el uso de glifosato podrían desatar una crisis humanitaria en ese territorio y, en ese panorama, las primeras víctimas serían las mujeres. Según el informe sombra de la Coalición de Acciones para el Cambio, donde se cita el trabajo de investigación de Adriana Camacho y Daniel Mejía, “la aspersión aérea tiene un efecto estadísticamente significativo en los abortos involuntarios”. En promedio, las fumigaciones con glifosato implican un aumento de 2,9% en la tasa de abortos espontáneos y, en el caso de los municipios donde se fumiga con mayor frecuencia, la tasa de abortos sube a 8,7%.
Cabe mencionar que la UNODC ha identificado que cerca de la mitad de integrantes de las familias que viven en zonas cocaleras son mujeres (46,9%). Además, el 29% de las familias tiene jefatura femenina, lo que permite dimensionar el alto impacto que genera esta política, no solo en las mujeres sino en todo el tejido comunitario.
Asimismo, otro de los aspectos del Acuerdo que se está incumpliendo tiene que ver con la criminalización de las mujeres, ya sea por cocaleras o por transportadoras de la droga. El informe ‘Mujeres, política de drogas y encarcelamiento’ de la organización Dejusticia, indica que el 45% de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad lo están por delitos como el microtráfico o el transporte (mulas), lo que quiere decir que privarlas de la libertad no representa un impacto real para las estructuras criminales, pero sí para las familias de esas mujeres. En su mayoría, se trata de mujeres en situación de pobreza y víctimas de diferentes violencias que en muchas ocasiones no tienen otras posibilidades para mantener a sus familias.
Mientras el Estado sigue sin brindar otras alternativas de vida, continúa la persecución penal a mujeres instrumentalizadas por el narcotráfico, lo que “podría equipararse a culpar a trabajadores y trabajadoras por aceptar laborar por debajo del salario mínimo antes que exigir a los empleadores respetar las normas laborales. Esto se debe a que es claro que el enfoque de la Fiscalía General de la Nación es la criminalización”, asegura la Corporación Humanas.
Así van las medidas del Acuerdo de Paz con enfoque de género
Si en términos generales el punto sobre sobre drogas ilícitas presenta evidentes retrasos que afectan especialmente a las mujeres, todavía es más precario el cumplimiento de las medidas con enfoque de género de ese punto recogidas en el Acuerdo de Paz. De acuerdo con GPaz, y su informe ‘La paz avanza con las mujeres’, en total son 12 las medidas que buscan atender la situación de las mujeres en este tema, desde una mirada de derechos humanos y salud pública. Cada medida es evaluada según su estado normativo y operativo. Así se puede evidenciar que, pese a que el 66.6% de las 12 medidas cuenta con un desarrollo normativo adecuado, el 83.3% no tiene ningún avance operativo. De nuevo, las normas se siguen quedando en el papel.
Frente a esa realidad, Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, señala que además de las dificultades propias de la implementación, «el Acuerdo ha sido muy manipulado por los que no quieren la paz y en esa manipulación se han olvidado también de las medidas fundamentales que el acuerdo contenía para las mujeres”. Benjumea hace especial énfasis en temas como el fondo de tierras destinado a las mujeres y el futuro económico de las cocaleras.
Además, aunque el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) señala que resulta imperante incluir a las mujeres ya que son sujetos activos de los procesos de concertación en la sustitución voluntaria, según el informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame (EEUU), que hace seguimiento al enfoque de género en la implementación del Acuerdo, “el PNIS es insuficiente debido a que no incorpora medidas concretas que reconozcan a las mujeres ni en los principios, ni en el articulado. El efecto negativo de esta “carencia legal” es que no existe una ruta específica para implementar el PNIS con un enfoque de género”. Sumado a eso, pese a que las organizaciones sociales, la comunidad internacional y algunas entidades públicas formularon una propuesta de ruta metodológica para incorporar dicho enfoque, esta no ha sido aprobada y no se han impulsado medidas afirmativas que incentiven su participación.
Aunado a lo anterior, GPaz, señala que aspectos como la contratación de organizaciones de mujeres para el desarrollo de los PNIS; la puesta en marcha de guarderías infantiles; la oferta laboral para mujeres; el enfoque de género en la política con respecto al consumo de drogas ilícitas, teniendo en cuenta la relación entre consumo y violencia de género, especialmente, violencia intrafamiliar y violencia sexual; las acciones para la no estigmatización de las mujeres; el desarrollo de estudios de género frente al consumo; así como acciones para enfrentar el consumo de niñas y adolescentes, se encuentran sin ningún tipo de avance que pueda ser palpable en la realidad, tal como lo relatan las mujeres, en la zona del San Juan, departamento del Chocó.
“Aunque Condoto es un municipio muy pequeño, ha aumentado mucho el consumo de drogas. Allá ahora se mueve más lo ilícito que lo legal. A los jóvenes uno los ve consumiendo y las niñas están prostituyéndose”, cuenta una mujer chocoana de ese municipio.
La Coalición Acciones para el Cambio señala que es imprescindible entender que la política de drogas prohibicionista ha generado unos impactos diferenciados para las mujeres. “La asignación de roles y los estereotipos de género colocan a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad, por tanto, es necesario que en el debate nacional y en el internacional se incorpore un enfoque diferencial tanto en las políticas relacionadas con producción y tráfico, como en materia de consumo”.
Asimismo, la situación de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans es todavía más compleja. De acuerdo con GPaz, hay “una clara falta de compromiso con los derechos de las mujeres LBT en la implementación operativa de estas medidas”, ya que la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República no ha implementado el enfoque diferencial y de género. Además, tampoco se ha dado a la tarea de obtener información desagregada por orientación sexual y por identidad de género.
“Esta situación es particularmente preocupante en el caso de la población trans en ejercicio del trabajo sexual. Muchas de ellas fueron víctimas de desplazamiento forzado, regularmente relacionado con violencias transfóbicas propias del conflicto armado y/o el microtráfico, tal como lo ha señalado el CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica). Adicionalmente, las personas trans que ejercen trabajo sexual son más vulnerables a tener consumos problemáticos de sustancias declaradas ilícitas que aquellas que logran romper la cadena de trabajo transexualizado”, menciona GPaz.
No obstante, existen algunos avances en otros aspectos como los PAI comunitarios (Planes de atención inmediata), con los que se busca que el Estado garantice una serie de servicios básicos en el territorio. De acuerdo con GPaz, es positivo que estos solo estén siendo integrados por las mujeres cabeza de familia o propietarias de los cultivos que han llegado a firmar los acuerdos de sustitución voluntaria y se han mantenido en su compromiso.
También han existido algunos avances en torno a la participación de las mujeres en la construcción del PNIS y en las asambleas comunitarias, sin embargo no se han desarrollado medidas afirmativas específicas para todas las mujeres. “Tanto en los procesos PDET como PNIS, hace falta un entendimiento sobre la importancia de la economía del cuidado para mujeres rurales, especialmente dentro de los procesos de formalización y redistribución de tierra, y los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito”, menciona también el Instituto Kroc.
Ante esas realidades, sumadas al contexto de violencia y desigualdad estructural en el que viven las mujeres en los territorios donde hay coca, se hace urgente la implementación de las doce medidas con enfoque de género pactadas entre el Gobierno y la FARC y la comprensión de las múltiples situaciones que deben enfrentar las mujeres. Además hay que tener presente un último aspecto, y es que, para muchas de ellas, la coca no es un ilícito sino que ha sido “una fuente de alimento, para sacar los productos de la región ante el abandono estatal. Ha sido la forma de llenar las canastas familiares”, como lo expresa otra mujer campesina cocalera de Putumayo.
Este boletín se realizó gracias al apoyo del Fondo Sueco Noruego de Cooperación (FOS).